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En las últimas dos décadas, el Estado nicaragüense ha sido sometido a la justicia internacional al menos cinco veces.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha llevado al estrado al Gobierno de Nicaragua por una misma razón: violación a las garantías judiciales y la protección judicial.

Uno de los casos lo lleva desde hace 15 años la abogada María Luisa Acosta, quien inició una peregrinación en busca de justicia por el homicidio de su esposo, Francisco García Valle.

Al no encontrar la justicia en Nicaragua, comenzó una batalla a nivel internacional. Su caso fue radicado en la Corte IDH, tribunal donde el Estado ha sido parte acusada en al menos otras cuatro ocasiones desde la década de los noventa.

“En 15 años pasan un montón de cosas, hubo altibajos, pero tuve mucho apoyo moral y técnico de muchas personas”, recuerda Acosta, abogada de profesión que ha dedicado toda su vida a defender los derechos humanos.

El 25 de marzo del 2017, finalmente la Corte IDH dictó una sentencia declarando responsable internacionalmente al Estado de Nicaragua, con lo cual acabaría el peregrinaje que emprendió el 8 de abril de 2002, el día que mataron a su esposo.

La Corte IDH determinó que el Estado de Nicaragua “no investigó diligentemente” el crimen contra García Valle, quien tenía 44 años de edad, daba clases en universidades y era propietario de un almacén de telas, de una funeraria y de una carpintería y tapicería. Acosta lo encontró muerto en su domicilio en Bluefields.

En este caso, se determinó que el Estado no investigó diligentemente el móvil, en particular la hipótesis de que se pudo deber a la intensa actividad que realizaba la señora Acosta en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

“Son fallos definitivos a los que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos se han comprometido cumplir plenamente como parte de sus obligaciones internacionales ante el concierto de las naciones civilizadas”, mencionó Acosta.

“No quisiera que nadie pasara por el dolor que me causó perder en esas circunstancias a mi esposo, y la ignominia de la que fui víctima. En este sentido, la sentencia de la Corte IDH es una verdadera forma de reivindicación”, dijo la reconocida activista y defensora de derechos humanos.

Otros casos en la Corte IDH

La Corte IDH es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, (OEA), que goza de autonomía y que tiene su sede en San José, Costa Rica.

Desde 1997, en cinco ocasiones el Estado nicaragüense ha sido parte contenciosa ante este tribunal, y en todos ha perdido el caso.

Ante este tribunal, cualquier persona, por sí misma o en representación de otra, grupo de personas o entidades gubernamentales legalmente reconocidas, puede presentar una petición o queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), órgano encargado de evaluar la denuncia.

En 1997 la Corte IDH radicó el primer caso contra el Estado por los hechos que ocurrieron el 28 de octubre de 1990, en el que Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años, perdió la vida.

Los hechos ocurrieron cuando Genie Lacayo se dirigía en automóvil a su domicilio, en el reparto Las Colinas, y se encontró con una caravana de vehículos con efectivos militares, quienes al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas.

A pesar de que sus familiares presentaron una serie de recursos ante instancias policiales, judiciales y militares en busca de la anhelada justicia, no fue posible.

El expediente señala que existieron numerosos obstáculos en la investigación y no se llegó a identificar y sancionar a los autores, lo que hace responsable al Estado.

En 2001 la comunidad indígena Awas Tingni, de la etnia Mayaggna o Sumo, asentada en la Costa Caribe de Nicaragua, obtuvo una sentencia favorable en su exigencia contra el Estado.

Los habitantes de esta comunidad exigían la pronta demarcación de las tierras comunales, y que se tomaran las medidas efectivas que aseguraran los derechos de propiedad de la comunidad en sus tierras “ancestrales y recursos naturales”.

En la demanda, la Corte IDH determinó que el Estado violó el derecho de los indígenas, que reclamaron la protección de su territorio, al haber otorgado, sin consultarles, una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal de aproximadamente 62,000 hectáreas.

También está el fallo que dictó la Corte IDH, en el año 2005, en contra del Estado de Nicaragua por inhibir al grupo político Yatama de participar en las elecciones regionales ocurrida cuatro años antes, en 2001.

El cumplimiento de la sentencia en este caso ha sido parcial, al haber pagado el Estado las indemnizaciones a las víctimas, pero al no haber todavía cumplido con las otras obligaciones todavía se encuentran bajo supervisión de cumplimiento de la sentencia.

En este caso se recomendó adecuar la Constitución Política y la Ley Electoral a las necesidades de los pueblos indígenas para asegurar su igual protección.

La más reciente sentencia fue dictada el 8 de marzo del 2018. En este caso la víctima es una niña que fue violada sexualmente por su padre en dos ocasiones, cuando tenía nueve años de edad.

Este caso, ocurrido en el año 2000, estuvo marcado por una serie de irregularidades que generaron que el mismo tuviera una duración irrazonable y que no se sancionara a la persona responsable, recoge la sentencia de la Corte IDH.

Es costoso

Debido a que la Corte IDH es una instancia internacional, llevar un caso hasta este tribunal resulta muy costoso, comenta Acosta.

Sin embargo, es una instancia internacional promotora de los derechos humanos, y por ende, los casos que se llevan trascienden el interés privado, por lo que existe apoyo internacional técnico y logístico, principalmente organizaciones no gubernamentales, agrega Acosta.

“En el caso que se obtenga una sentencia favorable, el Estado demandado es condenado a pagar los costos del proceso y a restituir también los gastos en que han incurrido las víctimas y partes del proceso, como componente de la misma sentencia”, afirma.