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Una nueva forma de criminalizar a quienes critican al gobierno o que participaron en protestas, será a través de acusaciones por delitos comunes, advirtió el abogado Julio Montenegro, coordinador del equipo de juristas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Según Montenegro, se está comenzando a utilizar esta modalidad con el objetivo de reducir la visualización de los procesos contra las personas que estuvieron de alguna forma involucradas en las protestas, cuya participación pudo ir desde colaborar con llevar agua, comida o medicamentos a protestantes, hasta haber participado en marchas y criticar al gobierno.

“Esto ocurrió también al inicio de la crisis, que acusaban por delitos como narcotráfico, robo, tenencia ilegal de armas, pero luego siguieron los procesos agregando delitos como terrorismo y obstaculización de servicios públicos”, dijo Montenegro, destacando que la intención era evidenciar internacionalmente un intento de derrocamiento del gobierno.

Dado que tal argumento no tuvo eco en la comunidad internacional por la cantidad de pruebas sobre la represión, por los informes de la CIDH y de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con la nueva estrategia de acusaciones se pretende ocultar los procesos de las personas que participaron en las protestas, al reducirlo todo a delitos comunes.

“De esta manera también nos afecta como defensores de derechos humanos, ya que si se reduce todo a delitos comunes tenemos que ser muy cuidadosos al tomar los casos”, dijo Montenegro.

Las organizaciones de derechos humanos no intervienen en defensa de delitos comunes, y se limitan a la denuncia de comprobarse anomalías en el proceso.

El equipo jurídico de defensores de la CPDH trabaja en 68 juicios que involucra a 145 personas que son procesadas y acusadas por supuesto terrorismo y obstaculización de servicios públicos, por criticar o participar en las protestas.

Por otra parte, se está regresando a la modalidad de hacer los procesos judiciales en los lugares de origen de los hechos, tal como lo dicta la Constitución.

Sin embargo, todos los jueces departamentales se declaraban incompetentes de conocer los casos y se procesaban en Managua, siguiendo una ley que es inconstitucional que les autorizaba a enviar los procesos a la capital en casos especiales.

“Eso es lo correcto. Pero de admitir que se está acatando un mandato constitucional, esto debe anular todos los procesos que se sacaron de su jurisdicción y fueron traídos a la capital”, argumentó Montenegro, quien señaló que dos casos ya fueron reenviados de Managua a sus lugares de origen.

El abogado también indicó que esto puede ser un elemento de desgaste para los defensores de la CPDH y una manera de obstaculizar su labor, por las distancias y los costos al trasladarse fuera de Managua.