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La abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció  la supuesta existencia  de un “binomio entre fiscales y jueces” en los procesos judiciales contra quienes participaron en las  protestas antigubernamentales entre abril y julio del 2018.

“El juez debe velar por los actos policiales que al final repercuten en el proceso penal, pero no lo hace porque existe un binomio entre Fiscalía y  juez “, sostiene la abogada de la CPDH.

El señalamiento lo hizo la abogada Verónica Nieto en la audiencia donde expuso los agravios (afectación) que le acarrea la resolución emitida en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, donde el juez no dio cabida a un incidente de nulidad que ella presentó a favor de Bryan Steven Alemán, a quien la Fiscalía le acusa de terrorismo.

“El juez no puede hacerse el ciego y decir que no hay nada que revisar cuando se reclama que se cumpla con las garantías del debido proceso”, subrayó la abogada del organismo defensor de los derechos humanos.

El  reclamo de la abogada de la CPDH es porque el reo al momento de ser presentado ante la autoridad judicial, el 16 de septiembre del 2018,  tenía  tres meses de estar preso.

“Aquí la Policía introdujo en el expediente un acta de detención falsa al asegurar que Bryan Alemán fue capturado el 13 de septiembre de este año y no hace tres meses”, refirió  la abogada de la CPDH.

Al joven originario de Masaya la Fiscalía le atribuye los delitos de terrorismo, secuestro simple, uso de armas restringidas, portación ilegal de armas, daño agravado y robo agravado.

En la acusación la Fiscalía le atribuye al acusado haber causado daños en la sede de la Alcaldía de Masaya y otras dependencias de esa municipalidad.

El supuesto robo de armas de los vigilantes de la comuna de Masaya, así como robo de mobiliario, equipo de oficina y destrucción parcial y total de varias dependencias de la municipalidad, es parte de lo que le imputan a Bryan Alemán.

También lo señalan por destrucción de medios de transporte, así como responsable de un daño patrimonial superior a los 41 millones de córdobas.