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Una veintena de policías y civiles encapuchados rodearon una propiedad con cuatro casas en Masatepe y entraron sin ninguna orden judicial para llevarse a Óscar Danilo Moraga Campos, de 48 años, y Milton Antonio Moraga Campos, de 51.

El operativo, dirigido personalmente por el comisionado Ramón Avellán, ocurrió la tarde del sábado y fue denunciado por los familiares de los detenidos en radioemisoras locales.

Las viviendas allanadas, en la propiedad de la familia Moraga, están cerca del kilómetro 46, parada de buses Gallardo, en la carretera San Marcos-Masatepe.

La policía y los civiles encapuchados entraron apuntando con sus armas a los habitantes de las casas, incluso a niños que lloraban y gritaban al ver la irrupción violenta, relataron los denunciantes.

Los familiares de los detenidos identificaron a Avellán, el jefe policial de Masaya, como el que dirigía la acción contra las viviendas, y afirmaron que resultaron con golpes Melisa Moraga y Yaritza Moraga, hijas de uno de los capturados. A otras personas les arrebataron teléfonos cuando filmaban el operativo.

Los denunciantes suponen que los hermanos Moraga fueron detenidos, porque en algún momento llevaron alimentos y agua a los protestantes que estuvieron en tranques, durante las protestas antigubernamentales entre abril y julio del año pasado.

La familia informó a El Nuevo Diario que está tratando de ubicar a los detenidos, porque desconocían este domingo a que cárcel los llevaron.

50 denuncias

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que aún no ha recibido denuncia de las capturas en Masatepe, pero la semana pasada llegaron a sus oficinas unas 50 denuncias, de acoso, amenazas y lo que él definió como secuestros porque los hicieron sin órdenes judiciales de detención.

En enero de este año, las denuncias de capturas de protestantes fueron 37.

“No son detenciones porque ninguna cuenta con los procedimientos establecidos en la ley policial, violenta la Constitución y los derechos humanos. Por eso, yo los llamo por el término secuestro, porque tiene los elementos que lo definen, incurriendo en delito”, explicó Cuevas.

El funcionario de la CPDH destacó que esta práctica se viene implementando desde antes de las protestas y se ha institucionalizado porque no hay nada ni nadie que haga cumplir la ley y los castigue.

“El acoso y las capturas no se detienen. Aquí nada se ha normalizado y muchos de los que participaron en las protestas se preguntan si serán los próximos en ser enviados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial”, dijo Cuevas.

Opinó que las detenciones, que se estiman entre 340 y 767, se han llevado a cabo desde el inicio de las protestas, por el simple hecho de que los ciudadanos ejercían su derecho a expresarse.