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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este lunes que el juez sexto del Distrito Penal de Juicios de Managua, Ernesto Rodríguez pretende imponer el nombramiento de un abogado defensor sustituto a varios jóvenes originarios de Sébaco, que actualmente son representados por el abogado Julio Montenegro.

Según Montenegro, el juez le notificó el viernes que le daba 72 horas para el nombramiento del abogado suplente, alegando que la medida la tomaba debido a que en dos ocasiones se han presentado quejas en su contra por abandono del caso, situación que es rechazada por Montenegro, quien además explicó que la decisión del juez es “ilegal”.

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"Solamente el acusado tiene el derecho de nombrar un abogado suplente en un común acuerdo con su defensor. El juez no puede hacer imposiciones cuando no tiene la potestad legal para esto", enfatizó Montenegro.

En cuanto a los señalamientos del juez en su contra, Julio Montenegro explicó que la única vez que le han llamado la atención por este caso, el juez fue debidamente informado ya que la razón de la demora fue porque estaba en otro juicio.

Por su parte el representante de CPDH, Marcos Carmona explicó que el juez, al tratar de imponer que se nombre un abogado defensor suplente, está actuando en contra de la ley.

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Los procesados son Guillermo José Rodríguez Tinoco, Erling Santiago Trujillo, Misael de Jesús Escorcia Rugama, Mauricio Eliezer Castillo Cabrera, Adonis Moisés Vargas Morras, Julio César Alvarado Rizo, Modesto José Machado Urbina, Freddy José Vega Arancibia, Michael Alexander Valle Hernández, Erick Antonio Robleto Rivera y Óscar Danilo Mendoza Lanzas.

Julio Montenegro, abogado de la CPDH. Foto: Rafael Lara/END

A los jóvenes la Fiscalía les atribuye los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos (transporte), homicidio y uso de armas restringidas.

La CPDH también condenó hoy las nuevas capturas de manifestantes que se registraron el fin de semana en el país.

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"Condenamos esta situación violatoria de los derechos humanos, de estar deteniendo de forma ilegal y abusiva a los compatriotas, hacemos un llamado al Gobierno, que si ya la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Reconciliación, empiece a dar muestras de buena voluntad y parar esta ola de secuestros", dijo Carmona.

De acuerdo con organismos de derechos humanos, en Nicaragua más de 600 personas permanecen detenidas por haber participado en las protestas antigubernamentales.