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El informe del organismo Bellingcat, que a través de videos y fotografías incrimina a policías y civiles armados en los operativos contra manifestantes en Nicaragua podría ser usado como evidencia contra los responsables de la violencia en Nicaragua, dice Giancarlo Fiorella, uno de los autores de la investigación.

Las “evidencias de fuente abierta”, como se conocen a los archivos que circulan en las redes sociales, han sido utilizadas en juicios internacionales para emitir órdenes de captura, afirmó Fiorella, investigador y entrenador para América Latina del sitio web de Bellingcat. 

“Sabemos que la Corte Penal Internacional (CPI) ha usado evidencia de fuente abierta, similar a las fotos y videos presentados en la investigación sobre Nicaragua, para emitir órdenes de captura contra individuos en casos que involucran crímenes de guerra”, agregó. 

Bellingcat emitió este martes un informe, en el que analiza los operativos ocurridos en la UNAN-Managua el 13 de julio, y en Masaya, entre el 17 y 18 de julio del año pasado, utilizando videos y fotos publicadas en redes sociales y haciendo uso de herramientas de geolocalización.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que los detalles del informe Bellingcat son elementos de prueba suficiente para demostrar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y son “coincidentes con las valoraciones que ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” (GIEI) enviado a Nicaragua por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Según Fiorella, la enorme cantidad de información que existe en Internet sobre este tipo de eventos es “demasiado importante” para ignorarla, y no descarta que pronto pueda ser utilizada como prueba en causas ante la CPI.

El informe revela que el uso de las armas por grupos parapoliciales cabe en el patrón de cercana colaboración entre estos grupos y las fuerzas de seguridad oficiales del Estado nicaragüense.

Para los abogados

“Aporta elementos probatorios y contundentes para demostrar la responsabilidad directa de los jefes de la Policía Nacional y de los policías disfrazados de paramilitares que cometieron estos crímenes”, dijo la que fue presidenta del Cenidh, organización a la que el Estado nicaragüense le quitó la personería jurídica en diciembre.

Núñez destacó que los abogados defensores ya tienen una herramienta probatoria técnica para utilizarla en los juicios por terrorismo contra los manifestantes presos.

“Lo utilizaría en defensa de las personas que están siendo ilegalmente detenidas, de las procesadas políticas para ver cuál es el manejo o cuál es la reacción o capacidad de encubrimiento o de análisis”, dijo Núñez. 

El informe revela que el uso de las armas por grupos parapoliciales cabe en el patrón de cercana colaboración entre estos grupos. Cortesía/END

Para la identificación de las armas, Bellingcat recurrió a la experiencia de Calibre Obscura, un grupo que se dedica a investigar armamento con información de fuentes públicas y que se especializa en análisis en zonas en conflicto en todo el mundo.