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A raíz de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, al menos tres directores de ONG que trabajaban en la temática de medioambiente, públicamente han revelado que se fueron al exilio por motivos políticos.

Sin embargo, la salida de estos ambientalista es un reflejo del estado actual del movimiento ambiental y del “hueco” que se está producción en esta área, aseguraron.

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Rosario Sáenz, directora ejecutiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic) reveló desde el exterior que tuvo que irse del país desde el año pasado.

Fundenic fue creada en 1993 para desarrollar proyectos de desarrollo sostenible, manejo de reservas naturales y educación ambiental. Imagen referencial. Archivo/END“No puedo regresar al país porque estoy dentro de una lista de personas a detener”, expresó en una comunicación telefónica. Asegura que no ha pedido asilo en otro país porque cree que pronto la crisis se va resolver.

Sáenz es muy crítica con el actual Gobierno y se opone al proyecto del canal interoceánico.

Fundenic fue creada en 1993 para desarrollar proyectos de desarrollo sostenible, manejo de reservas naturales y educación ambiental.

Aseguró que así como ella, otros ambientalistas también han decido irse del país por su seguridad, pero no quieren hacerlo público.

Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, ONG a la que la Asamblea Nacional le quitó la personería jurídica en diciembre del año pasado, fue otro de los que hizo público su exilio.

Ruiz afirmó que desde afuera continúa con el monitoreo, especialmente en la Reserva Biológica Indio Maíz, perjudicada por un acelerado proceso de invasión de agricultura y ganadería.

“No hay condiciones que me permitan seguir trabajando como tal, pero creo que mi trabajo medioambiental seguirá”, afirmó Ruiz.

Manifestó que ha solicitado refugio a las autoridades costarricenses, sin embargo hasta ahora está en lista de espera para darle trámite al proceso.

“Estoy sobreviviendo de la misma manera en que lo están haciendo otros refugiados, no tengo ningún empleo, ni ingresos”, añadió.

Afirmó que su misión es volver y recuperar 29 años de trabajo de la Fundación que se perdieron de un plumazo en unas cuantas horas.

La fundación que dirigía Ruiz fue una de las primeras en denunciar el incendio en Indio Maíz y la lentitud con la cual las autoridades gubernamentales estaban atendiendo el caso.

Eso les valió comenzar a ser amenazados por el Ministerio de Gobernación con cancelarles la personería jurídica, según dijo.

Mónica López es otra ambientalista que tuvo que irse del país, aunque su motivos están más relacionados a las protestas antigubernamentales.

López es directora de Fundación Popol Na, organización que realizaba programas de medioambiente, cambio climático y desarrollo sostenible y que también perdió su personería jurídica el año pasado.

El Nuevo Diario intentó contactar a López, pero no respondió a los mensajes.

AGUJERO AMBIENTAL

Con esta situación, los recursos naturales están más desprotegidos que nunca, aseguró Rosario Sáenz, directora en el exilio de Fundenic.

Rosario Sáenz, directora ejecutiva de la Fundenic. Cortesía/END“Hay ingobernabilidad no solo en el plano ambiental, sino en todo el plano institucional. Las instituciones no ven por la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales”, dijo.

Considera que actualmente existe un esfuerzo por silenciar a los movimientos ambientales. “Han cerrado organizaciones ambientales y otros nos hemos tenido que ir”, aseguró.

Señaló que desde hace 11 años el gobierno creó mecanismos de asfixia económica. “No nos permitieron el acceso a varios organismos internacionales para poder acceder a fondos para proyectos de desarrollo en comunidades”, lamentó.

Mónica López, directora de Fundación Popol Na. Cortesía/ENDSáenz indicó que constancias que entrega el Ministerio de Gobernación para poder operar, tampoco se les entregaban en tiempo y forma y el tiempo de validez de las mismas se fue reduciendo de un año a seis meses y ahora solo dos meses.

“Cada dos meses hay que irle a rendir cuentas. Quieren agotarnos y que dejemos de hacer los trámites, que son engorrosos”, detalló.

Los movimientos ambientales también han quedado sin colaboradores en los últimos años, precisó Sáenz, quien afirmó que en 11 años Fundenic pasó de tener 30 trabajadores a solo 7 en la actualidad.

Ruiz afirmó que todavía mantienen el contacto con líderes de los gobiernos territoriales (Rama y Creole) para continuar desarrollando el “programa de guardabosques comunitarios que hacen los patrullajes a lo interno de la reserva”.

No sabe hasta cuándo se mantendrá esta alianza con la falta de recursos y la presión gubernamental.

El componente de educación y concientización ambiental se perdió con el cierre de las radios comunitarias que administraba Fundación del Río.

Fundación del Río también tenía otros programas, como incentivos por servicios ambientales que les otorgaban a finqueros por mantener los bosques.