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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, consideró este jueves que es necesario retomar el diálogo nacional para superar la crisis en Nicaragua, pero para instalarlo es necesario la “urgente liberación de todos los presos políticos”.

La lucha por la liberación de los manifestantes presos será parte de la agenda permanente de la Comisión, reiteró Abrão durante la audiencia que se realizó en el marco del 171 Período de Sesiones en Bolivia, donde la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció la grave situación de los derechos humanos en el país.

“Las condiciones del diálogo deben pasar por la liberación de todos los presos políticos (…) No es posible que en nuestra región tengamos y podamos aceptar que personas sean detenidas arbitrariamente sin fundamentación en las acciones como expedientes judiciales, sin ningún tipo de respeto del debido proceso y de defensa”, manifestó Abrão.

Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas, el 18 de abril.

Ese informe dio luz verde para que la Organización de Estados Americanos (OEA), desde el pasado 11 de enero, empezara el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el Gobierno de Nicaragua, en función del artículo 20 de ese instrumento jurídico.

Este miércoles, el Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA, se reunió para dar seguimiento a las actividades desarrolladas y abordar nuevamente la situación y se valoraron “opciones para los próximos pasos”, según la agenda de la reunión.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizó una presentación y escuchó los aportes de los Estados miembros que integran esta mesa de trabajo.

“No han cesado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua (…) No hay ninguna duda, que lo que pasa ahí adentro (en el país) debe concentrar toda la atención de la comunidad internacional”, agregó el secretario ejecutivo de la CIDH, tras agregar que sostendrá encuentro con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos.

Persiste hostilidad

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, señaló que en el país persiste un nivel de “hostilidad, hostigamiento y amenazas” contra la población, los defensores de derechos humanos y los periodistas.

“Claramente hay un marco de represión, represión selectiva y represión para asustar al resto de la población, detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, se detiene a la gente, pasan horas y los familiares no saben dónde están”, denunció Urrejola durante la audiencia.

La reciente visita de los parlamentarios europeos, según Urrejola, fue importante para conocer la realidad que viven los protestantes presos.

“En Nicaragua hoy en día sí existen presos políticos, muchas de las personas son detenidas sin orden judicial, sin formulación de cargos, se formulan cargos absolutamente infundados y en procesos bastantes rápidos, esas personas son condenadas a sentencias desproporcionadas”, manifestó Urrejola.

Por su parte, la comisionada Soledad García mostró su preocupación que finalmente en el país se haya aprobado una reforma a la Ley de Seguridad Social sin la “participación ciudadana”, tomando en cuenta que este fue el origen de las protestas.

CPDH expone situación

Durante la audiencia, Karla Sequeira, directora de Asesoría Legal de la CPDH, expuso a la Comisión, que al menos 1,531 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas sin justificación.

Las detenciones continúan a la fecha de forma particular en Managua, Matagalpa, León y Masaya, donde es notable la presencia de grupos paramilitares apostados en las calles, imponiendo un “estado de terror” entre la población, añadió.

Hasta el 10 de febrero, según Sequeira, la CPDH ha atendido denuncias de familiares de 756 personas que se encuentran detenidas, entre hombres, miembros de la diversidad sexual y transexual.

Actualmente, la CPDH brinda asistencia legal a 127 personas en la vía judicial — la gran mayoría por el delito de terrorismo donde no caben medidas alternas— y atiende los procesos legales de algunos adolescentes de 16 años.

Los detenidos, según Sequeira, con frecuencia son sometidos a flagrantes violaciones de derechos humanos como “golpes en las manos, choques eléctricos, técnicas de ahogamiento, introducción de objetos por el ano, heridas cortopunzantes, y amenazas de muerte”.

Asimismo, denunció el acoso contra los defensores de derechos humanos y periodistas independientes del país, quienes han sido criminalizados.

La representante de la CPDH les instó para que gestionen ante el Estado de Nicaragua, el retorno al país del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).