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  • AFP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona esta semana en Bolivia, urgió este jueves al Estado de Nicaragua que establezca la situación jurídica de 16 jóvenes detenidos el martes en una redada policial en la ciudad de Estelí.

Según medios nicaraguenses, los jóvenes fueron detenidos por participar en protestas contra el gobierno de Nicaragua, aunque la policía afirma que estaban inmersos en actividades delictivas.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, escribió en Twitter que su organismo había instado a Nicaragua a aclarar la situación jurídica de los arrestados y las razones de su detención, tras la intervención en una audiencia pública de miembros del organismo no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).

Sin embargo, la delegación oficial de Nicaragua insistió en que en ese país no existen detenidos políticos y que la violencia desatada desde abril del año pasado es "un intento de golpe de Estado".

"Hoy en día en Nicaragua, muchas de las personas son detenidas sin orden judicial, sin formulación de cargos o con cargos absolutamente infundados y con procesos bastante rápidos", dijo la relatora de la CIDH, Antonia Urrejola.

La jurisconsulta consideró que la CIDH tiene ahí "una labor inmediata muy urgente".

Piden regreso de la CIDH

La CPDH pidió este jueves a la CIDH que solicite al Estado nicaragüense el regreso de sus mecanismos de observación y mantenga el seguimiento a la crisis que atraviesa el país.

La solicitud se efectuó en el marco del 171 periodo de sesiones con audiencias públicas que la CIDH desarrolla en Sucre, Bolivia, del 13 al 15 de febrero, en las que participó una representante de la sociedad civil nicaragüense y de la que se ausentó el gobierno de Nicaragua.

Durante su intervención, la presidenta de la CPDH, Vilma Navarrete, aseguró que "el asedio y persecución" continúan en Nicaragua por parte del gobierno y que se orientan a restringir el derecho a la protesta, además de extenderse la persecución a defensores de los derechos humanos.

Por esa razón, solicitó la ampliación de las funciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), que cesó labores en mayo de 2018, y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que fue expulsado por el gobierno de Nicaragua.

Las protestas iniciadas en abril pasado contra el gobierno han dejado al menos 325 muertos, según grupos humanitarios.