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Un grupo de defensoras de derechos humanos solicitó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que exhorte al Gobierno de Nicaragua a que establezca un corredor humanitario que facilite la atención médica a las mujeres detenidas que participaron en las protestas antigubernamentales.

La petición fue hecha este jueves en una audiencia privada en el marco del 171 Periodo de Sesiones celebrada en Bolivia y en la que adicionalmente abogaron por la libertad de todos los manifestantes presos en Nicaragua.

Este espacio fue utilizado por las organizaciones para denunciar que las autoridades les han negado a las prisioneras la atención médica.

La mayoría de las detenidas sufren depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis, hipertensión arterial.

La activista Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), organización a la que el gobierno le canceló su personería jurídica, participó en esta audiencia y recordó el caso de Ruth Matute, quien tiene cardiopatía congénita, como uno de los casos más serios en la prisión.

Ruth Matute. Archivo/END

Entre las prisioneras que urgen de atención médica también está Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión; Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado y Ana Hooker, que tiene solo un riñón y le provoca hipertensión”, apuntó Quirós.

Adicionalmente, solicitaron a los relatores de la CIDH que en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expongan los principales hallazgos de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

Tratos crueles

Violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento, son las distintas formas de violencia a las que están expuestas 68 mujeres detenidas por participar en las protestas antigubernamentales, según las denuncias.

Datos presentados por las organizaciones que participaron en la audiencia, indican que al menos 102 mujeres fueron detenidas en el contexto de las protestas y hasta febrero de este año se estima que 68 aún permanecen detenidas.

De las que aún permanecen en prisión, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los seis meses hasta los 40 años de prisión, detalló el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, una organización internacional de defensa y protección de los derechos humanos.

Esta organización informó que 26 mujeres se encuentran detenidas en la cárcel de mujeres La Esperanza, tres tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

Relato de una madre

La progenitora de una de las detenidas viajó a Bolivia para exponer la situación que viven las prisioneras.

El centro La Esperanza ha sido una celda de aislamiento y de castigo.

“El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la mujer, que prefirió el anonimato para evitar represalias en contra de su hija.

“Adentro están totalmente aisladas del resto de presas políticas y son tratadas como si tuvieran peste”, enfatizó.

La violencia sexual

Quirós confirmó otros tratos crueles de violencia sexual contra las prisioneras.

“Las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones”, denunció Quirós.

La activista y educadora social agregó que todas estas formas degradantes de “tortura”, lo utilizan como un método para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

“Viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros (…) viven con el temor de ser desaparecidas”, relató Quirós ante los miembros de la comisión.

Procesos irregulares

Ana Bolaños, de Raza e Igualdad, denunció las violaciones al debido proceso al que han sido sometidas las protestantes presas en Nicaragua.

“Han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, sin acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”, señaló Bolaños.

Bolaños agregó que existe un actuar coordinado entre las autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, acentuando de esta forma la violencia.

Las mujeres detenidas son “ilegalmente” remitidas a la Dirección de Auxilio Judicial, donde son sometidas a constantes interrogatorios, dijo.

El Comité Pro Liberación de los Presos contabiliza 700 hombres apresados en el contexto de la crisis actual.