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La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que el Estado de Nicaragua fue citado para el próximo 11 de marzo a una audiencia pública, en el marco del 130 Período Ordinario de Sesiones, en su sede en Costa Rica, para supervisar el cumplimiento de la sentencia “Caso Acosta y Otros. Vs. Nicaragua”.

El caso Acosta fue introducido ante la Corte IDH por la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, quien ante la falta de justicia y diligente investigación en el asesinato de su esposo Francisco García Valle, en abril de 2002, en Bluefields, demandó al Estado de Nicaragua.

El fallo de la Corte, del 25 de marzo de 2017, fue a favor de Acosta y otros peticionarios como Leonor Valle Estrada, Ana María Vergara Acosta, Álvaro Arístides Vergara Acosta, Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y Centro nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), por encontrar responsabilidad internacional en el Estado de Nicaragua.

La defensora de los derechos de indígenas y afrodescendientes, María Luisa Acosta.Entre las obligaciones que debía asumir el Estado está el pago de los gastos por daños materiales e inmateriales, y por reintegro de costas y gastos a favor de las víctimas y las representaciones legales, lo cual fue entregado en enero 2018, sumando un total, equivalente en córdobas del cambio oficial, de un poco más de U$239,000.00.

La Sentencia, emitida por la Corte IDH, se basó en la forma en que el poder judicial manejó el asesinato de García Valle, esposo Acosta. Cabe mencionar que, cuando ocurrieron los hechos Acosta era coordinadora de CALPI y apoderada legal de las comunidades indígenas y afro descendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas y del territorio Rama y Kriol, las cuales estaban siendo perjudicadas por la venta en internet de los Cayos Perla y de otras propiedades, realizadas por Peter Tsokos y Peter Martínez Fox, a quien Acosta ha señalado como autores intelectuales del asesinato.

INCUMPLIMIENTOS

Según las valoraciones de la Corte, en el documento en el que llaman a audiencia al Estado de Nicaragua, hay dos puntos resolutivos; número 11 y 09, de la sentencia que aún no han sido cumplidos, los cuales serán puestos en consideración en la próxima audiencia de seguimiento.

El primero punto resolutivo número 11 establece que: “El Estado debe elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humano (…)”.

El punto resolutivo número 9 señala que “El Estado debe adoptar las medidas necesarias para que el hecho [el asesinato del señor Francisco José García Valle] no quede en impunidad y se restituyan adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas (…)”.

La defensora Acosta ha señalado en reiteradas ocasiones que, aunque el Estado haya pagado la indemnización, continuará luchando para que el caso de su esposo no quede impune y se haga justicia.

Mientras tanto, la Corte IDH recordó al Estado de Nicaragua que como parte de la Convención Americana está comprometido a prevenir, investigar y sancionar toda violación y garantizar su no repetición; así como, procurar el restablecimiento del derecho conculcado y reparar los daños producidos por la violación de los derechos humanos.