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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó este martes la sentencia de 216 años de prisión dictada ayer por el juez Edgard Altamirano López en contra del líder campesino Medardo Mairena.

“La sentencia, leída a puertas cerradas, es una muestra de las profundas deficiencias y corrupción en el sistema de justicia en Nicaragua. El sistema de justicia ha sido utilizado como un instrumento para la criminalización de las protestas y por lo tanto dicha acción constituye un atropello más a los derechos de los nicaragüenses”, denunció la Alianza Cívica a través de un comunicado.

Junto a Medardo Mairena fueron sentenciados los campesinos Pedro Mema y Luis Orlando Icabalceta, a quienes el juez Altamirano condenó a 210 y 159 años de prisión, respectivamente.

“Rechazamos así mismo la condena impuesta a Pedro Mena de 210 años y a Orlando Icabalzeta a 159. El hecho que las sentencias sean mayores a las solicitadas por la fiscalía misma indican el grado de incongruencia de dicho proceso. Este tipo de acciones sólo fortalece nuestro compromiso para lograr que en Nicaragua, en un día no muy lejano, impere la justicia y la paz para todos los nicaragüenses”, señaló la Alianza.

En el caso de Medardo Mairena, en el debate de sentencia la Fiscalía había solicitado 73 años de prisión, para Pedro Mena y Luis Orlando Icabalceta el Ministerio Público solicitó 63 y 59 años de cárcel, respectivamente.

A los tres campesinos se les atribuyó los delitos de terrorismo, crimen organizado, secuestro, robo agravado, daño agravado y obstrucción de servicios públicos.

Medardo Mairena y Pedro mena fueron detenidos por la Policía Nacional el pasado 13 de julio en el aeropuerto de Managua, a Icabalceta lo detuvieron días más tarde.

Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes del Movimiento Campesino de Nicaragua / Cortesía De acuerdo con organismos de derechos humanos, en Nicaragua más de 600 personas se encuentran encarceladas por haber participado en las protestas antigubernamentales.

La crisis en Nicaragua que ayer cumplió 10 meses ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, grandes pérdidas económicas, miles de empleos perdidos y decenas de miles de exiliados ante amenazas, asedio y persecución por haber participado en las protestas, según organismos de derechos humanos.