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Defensores públicos serán solo para quienes ganen menos de US$600

Foto por: Ernesto García

La directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra.

El uso de los defensores públicos queda reducido a quienes tienen una familia numerosa, los discapacitados, los que viven en hacinamiento y los que ganan menos de US$600.

En lo sucesivo, toda persona que tenga ingresos superiores a 600 dólares o su equivalente en córdobas y enfrente un juicio penal, civil, familiar, laboral o contencioso administrativo, no podrá hacer uso de los servicios de los abogados de la Defensoría Pública.

Así lo confirmó la directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra, quien explica que la normativa que regulará de ahora en adelante los servicios de esa entidad tiene como instrumento jurídico el Acuerdo número 38 del Consejo de Administración y Carrera Judicial.

“La normativa tiene como propósito regular que la prestación del servicio de defensa pública llegue a personas de escasos recursos económicos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad”, explicó la directora de la Defensoría Pública.

En entrevista con El Nuevo Diario, la directora de la Defensoría Pública explicó que la misma normativa establece cuáles son los otros casos en los que los defensores públicos no pueden brindar asistencia legal.

“En materia penal tampoco podemos defender cuando el acusado sea un profesional del derecho o cuando el imputado haya sido demandado por la Defensoría Pública en los tribunales de familia y no tengamos el personal (otro defensor) para defenderlo en la vía penal”, explica Ibarra.

Tampoco se brindará el servicio al actor o demandado en los casos donde la Defensoría lo esté brindando a la contraparte y no se disponga de personal para asignar otra defensora o defensor público.

La directora de la Defensoría Pública también advierte que quienes engañen a la Defensoría Pública brindando información sobre sus ingresos económicos, le serán cobrados los servicios prestados.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL SERVICIO?

La directora de la Defensoría Pública señaló que en el Acuerdo número 38 del Consejo de Administración y Carrera Judicial, se establece quiénes son los que pueden hacer uso de los servicios que ellos brindan.

Entre quienes pueden pedir los servicios de la Defensoría Pública están los que tienen una familia numerosa (cinco hijos o más), quienes viven en hacinamiento, los discapacitados y obviamente, quienes tienen ingresos inferiores a US$ 600 o su equivalente en córdobas.

Así como toda regla tiene su excepción, el referido acuerdo también lo tiene, y la directora de la Defensoría Pública puso el ejemplo de una fiscal auxiliar, quien por razones de su trabajo (falta de tiempo) y falta de pericia de cómo se tramitan los juicios de familia, pidió la asistencia de la Defensoría Pública.

ELIMINAN PROHIBICIÓN

En el referido instrumento jurídico, el Consejo de Administración y Carrera Judicial, que está integrado por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también se elimina la prohibición que tenían los defensores públicos de defender en los casos de narcotráfico.

Cabe mencionar que la mayoría de los acusados por posesión y tráfico interno de estupefacientes, que son los delitos de narcoactividad por los que acusa la Fiscalía, son personas de escasos recursos.

Hasta antes de la publicación de la referida normativa, era muy común oír en los tribunales a los defensores públicos decirles a los jueces que no asumían casos de narcotráfico porque estaban inhibidos de hacerlo.