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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a redoblar esfuerzos para promover una “solución pacífica de la crisis actual”, que vive Nicaragua desde el estallido social de abril de 2018.

“En vista del cuadragésimo período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019, es fundamental que los Estados miembros redoblen sus esfuerzos para promover una solución pacífica de la crisis actual (en Nicaragua), haciendo que los derechos de las víctimas y la rendición de cuentas sean una prioridad”, refirió este fin de semana la Oacnudh.

Este consejo es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 Estados, responsables de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.

La Oacnudh emitió este fin de semana su quinto boletín sobre la crisis en Nicaragua, destacando que desde abril de 2018 persiste un patrón de “impunidad” de las personas responsables de las violaciones de derechos humanos. 

Según la Oacnudh, el Gobierno de Nicaragua continúa reprimiendo las voces disidentes, a pesar de múltiples iniciativas de la comunidad internacional para apoyar una “solución pacífica a la crisis política, social y de derechos humanos”. 

La publicación de la Oacnudh se conoce un día después de que el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), diera a conocer que el periodista Miguel Mora inició una huelga de hambre y a pocos días de reiniciarse las negociaciones entre la oposición y el Gobierno para encontrar una salida a la crisis que vive el país. 

Los eurodiputados lograron visitar al director de 100% noticias, Miguel Mora. Cortesía/END

En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado señala que a inicios de este año la Policía Nacional continuó restringiendo el derecho de reunión pacífica.  

Cinco meses sin permiso de marchar

El pasado 23 de septiembre de 2018, según la Oacnudh, fue el último intento que tuvieron los nicaragüenses para organizar una protesta, fue la “última gran manifestación”, refiere el boletín. 

Ese día, los manifestantes fueron atacados con armas de fuego, dejando como resultado un adolescente de 16 años muerto y al menos a siete personas heridas. 

Los despliegues policiales masivos, negando el permiso y declarando ilegal cualquier expresión pública de grupos considerados críticos del Gobierno, han sido una constante al igual que las detenciones arbitrarias de personas que han participado en las manifestaciones, reiteró la Oacnudh. 

Ataques a medios

Según el monitoreo que realizó en enero esta oficina, la represión contra la libertad de prensa fue en aumento. 

Las “amenazas, hostigamiento, intimidación y detenciones arbitrarias de periodistas” y otros trabajadores de medios de comunicación, fue una constante en este período.

A inicios de este año, los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa, según la publicación de la Oacnudh, denunciaron que por más de cuatro meses les han mantenido retenido el papel y materias primas que se utilizan para la impresión de sus publicaciones. 

Asimismo, conocieron de la vigilancia permanente y el asedio del que fueron víctimas los periodistas y trabajadores de Canal 12 por parte de agentes policiales, quienes durante tres días “bloquearon las calles circundantes”. 

Parte del dispositivo policial que rodeaba las instalaciones de canal 12. Archivo/END

El exilio del periodista Carlos Fernando Chamorro, la detención de la que fue víctima el periodista de Radio Darío, Leo Catalino Cárcamo, las amenazas de muerte que recibió periodista William Aragón Rodríguez, por un funcionario de la Alcaldía de Somoto y la censura de los programas Esta Noche y Esta Semana, son parte de los ataques a la prensa conocidos por la Oacnudh en este período. 

“Al 31 de enero, fuentes no gubernamentales habían registrado que al menos 66 periodistas habían salido de Nicaragua en busca de protección”, señala el informe.

Frente a este escenario de represión, el Consejo Permanente de la Organización de  Estados Americanos (OEA), el pasado 11 de enero empezó a aplicar la Carta Democrática a Nicaragua,  de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 20. 

Por su parte, el pasado 21 de enero el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea recomendaba que el diálogo, incluida las reformas electorales, era la única salida a la crisis social y política. 

Critican ley de reconciliación

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señaló que la recién aprobada Ley de Reconciliación no reconoce a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. 

Por otro lado, la Oacnudh hizo referencias a las condenas impuestas por jueces a protestantes detenidos, sentencias que se basan en “testimonios de agentes de policía, funcionarios estatales o municipales”. 

Este organismo destaca que los jueces generalmente rechazaron o dieron menor valor a las pruebas y a los testigos de descargo presentados por abogados defensores.

La primera carta dada a conocer en enero por el exmagistrado Rafael Solís se confirma que existen “prácticas y patrones recurrentes que constituyen violaciones a las garantías del debido proceso legal”. 

En la misiva, Solís afirmó que en Nicaragua “ya no existe derecho alguno que se respete (…) dejando al mismo Poder Judicial, al que pertenezco, reducido a su más mínima expresión”.