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Ante la reanudación del diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica que inició este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado de Nicaragua a desarrollarlo de tal manera que sea “efectivo y legítimo”.

El pronunciamiento de la CIDH señala que, pese a la convocatoria de negociación y diálogo para conseguir la paz hecha el 21 de febrero por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, han notado que el proceso se ha enmarcado en un “contexto en el que persisten graves patrones de represión y violaciones a derechos humanos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas privadas de su libertad como represalia por su participación en las protestas sociales”.

Por lo cual, los defensores de la CIDH insisten en que para que el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Nicaragua funcione, se debe garantizar que las conversaciones cumplan con cuatro principios; representatividad, paridad, libertad y credibilidad, además de permitir la realización de manifestaciones públicas, como derecho constitucional que tiene todo nicaragüense. 

La Comisión Interamericana dijo ponerse a “disposición del Estado de Nicaragua para apoyar el proceso de diálogo y la puesta en marcha de los acuerdos que se alcancen en materia de derechos humanos”.

Cese a la represión 

La CIDH reiteró su llamado a las autoridades nicaragüenses sobre el cese a la represión y garantías de condiciones para el goce de los derechos humanos de la población nicaragüense, permitiéndose en la práctica “las manifestaciones públicas, cesando la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos, a fin de desactivar el ambiente de intimidación y represión en todo el país”.

“El Estado de Nicaragua debe cesar la represión y la criminalización de quienes participaron en las protestas sociales, liberar a todas las personas detenidas en ese contexto, restituir la personalidad jurídica de todas las organizaciones que les ha sido cancelada, dar las garantías de juzgar imparcialmente los hechos ocurridos a partir de abril de 2018, así como restablecer los derechos la libertad de expresión y a la información”, declaró en la misiva la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH.

Agresión y malos tratos

Asimismo, los defensores de derechos de la CIDH se mostraron preocupados por las 777 personas detenidas, según el reporte hasta el 15 de febrero de organizaciones de la sociedad civil, pues desde el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), han observado “la intensificación en la agresión y malos tratos”, ejecutados por “funcionarios del Sistema Penitenciario nicaragüense”. 

La CIDH se mostró especialmente preocupada por la falta de atención médica que es denunciada por los familiares de los reos, recordando el caso de preso Max Francisco Cruz Gutiérrez, quien se encuentra preso en el Sistema Penitenciario La Modelo y sufre de una grave infección en su pierna derecha por una herida con arma de fuego, ocasionada al momento de su detención en octubre de 2018.

También mostraron su preocupación por las constantes detenciones que se continúan registrando en Nicaragua, pues señalan que, según los testimonios recabados a través del Meseni, conocen que hasta el 12 de febrero se seguían presentando detenciones.

Beneficio de convivencia

La CIDH resaltó que ha seguido con atención las recientes “liberaciones”, pues tomaron de conocimiento que 100 personas detenidas en el contexto de las protestas sociales de abril de 2018 recibieron “el beneficio de convivencia familiar y otras medidas cautelares”, de acuerdo con lo anunciado en la nota de prensa del Ministerio de Gobernación, por lo que instó al Gobierno de Nicaragua a “aclarar las condiciones jurídicas de dichas liberaciones, así como el número de personas liberadas”.