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Yolanda Sánchez Moraga, una de las manifestantes que esta semana fue excarcelada previo a la reapertura del Diálogo Nacional, le está prohíbo salir de su vivienda, a menos que sea para firmar en las Oficinas de Control de Procesados en el Complejo Judicial Central en Managua, en las inmediaciones del parque Luis Alfonso Velásquez Flores.

Sobre Sánchez pesa una acusación penal, que aún no ha sido ventilada, pero este miércoles un juez le otorgó la figura jurídica de arresto domiciliar.

Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dice que este beneficio consiste en que el procesado no puede abandonar su casa, mucho menos el país.

No obstante, debe presentarse a firmar cada cierto tiempo a una sede judicial para hacer constar que está honrando el compromiso. De transgredir el procesado esta prohibición, el beneficio se le suspende y es trasladado nuevamente al penitenciario.

En el caso de Yolanda Sánchez, sería “La Esperanza”, donde había permanecido por siete meses, hasta que este miércoles le otorgaron la medida.

A Sánchez, al igual que otros 100 prisioneros, el penitenciario los entregó bajo la condición que popularmente se conoce como casa por cárcel, y un familiar se comprometió a que estos cumplirían.

A la fecha, Sánchez no ha transgredido la regla, pero este jueves por la tarde un oficial de Policía la visitó y le advirtió “que sí salía de la casa o iba a la venta, se enteraría y me llevaría al Penal”.

“El jueves se apareció una patrulla en la tarde. Un Policía se bajó y entró a la casa, nos tomó fotos a mi papá y a mí y me advirtió que no podía salir, como en ese momento me visitaron dos amigas, me dijo que no podía recibir visitas a menos que él me lo autorizara” , indicó Sánchez.

La exprisionera, quien aceptó desconocer la identidad del oficial, aseguró que este le indicó que tenía testigos en su barrio que se encargarían de fotografiarla si abandonaba su casa.

La amenazó también con proceder legalmente contra su papá, si ella no cumplía a cabalidad con el régimen de arresto domiciliar.

“Me dijo que si iba a la venta, me tomarían fotos, igual si voy al colegio u otro lado. Dice que ya buscó testigos que le ayudarán a vigilarme. Le preguntamos en la casa quiénes son esos testigos y no quiso decir. En la noche escuchamos una moto encendida frente a la casa, como me dio miedo, no me levanté, pero nos enteramos en la mañana (viernes) que una patrulla y dos motos estaban frente a la casa”, explicó Sánchez.

A la joven de 30 años las autoridades de la cárcel “La Esperanza” le indicaron que una vez al mes debe presentarse a firmar al Complejo Judicial Central de Managua. Las fechas en que debe llegar son los 28 de cada mes.

MÁS DUDAS

Al docente Juan Bautista Guevara, excarcelado también esta semana, le corresponde firmar en el Complejo Judicial Central, cerca del Luis Alfonso Velásquez, pero en fecha 27.

Él, al igual que Sánchez, no puede salir de casa, y aunque tiene clara esta prohibición, dice que aún tiene algunas dudas, como qué deber hacer si se enferma y necesita ir al hospital.

Bautista no ha recibido visitas de oficiales de Policía y ni reporta ser víctima de asedio.

“La gente ha venido a verme, incluso hasta hice una actividad de acción de gracias y no hubo ningún problema”, comentó el docente.

El activista de CPDH, Pablo Cuevas, manifestó este viernes que han recibido llamadas de algunos manifestantes excarcelados consultándole qué cosas no podían hacer.

“Estamos atendiendo las llamadas y les explicamos. Lo que sucede es que cada caso es diferente”, explicó Cuevas, quien dijo que en algunas causas no cabe el beneficio del arresto domiciliar, sino la libertad completa, porque no están enfrentando procesos judiciales, sino que los tienen arrestados por semanas y la Fiscalía no los acusa.