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Nicaragua ocupa la posición número 114 en el Índice de Estado de Derecho 2019, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés), entre 126 países del mundo.

El Índice de Estado de Derecho 2019, de WJP, presenta un retrato de la situación del Estado de Derecho en todos los países evaluados, proporcionando puntajes y clasificaciones basadas en ocho factores como la ausencia de corrupción, restricciones a los poderes del Gobierno, justicia y cumplimiento de los derechos fundamentales.

El informe, señala que Nicaragua obtuvo malas notas, 0.4 puntos de un máximo de 1 y un mínimo de 0. Esto significa que es un país que no respeta los derechos humanos fundamentales establecidos internacionalmente y “no merece ser llamado un sistema de Estado de Derecho”, revela el informo divulgado el jueves en Washington, EEUU.

En el informe de 2018, WJP había dado a Nicaragua una puntuación de 0.43 y lo colocaba en el puesto 99 de su escala mundial.

Con el recrudecimiento de la crisis que inició en abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que en el país se estableció un Estado de Excepción, donde se abolieron todas las garantías constitucionales.

Factores evaluados 

El informe detalla evaluaciones sobre la rendición de cuentas de los poderes del Gobierno y sus funcionarios, controles no gubernamentales sobre el poder del Gobierno, libertad e independencia de prensa.

A nivel de la región de Centroamérica, solo Honduras está por debajo de Nicaragua. Archivo/END

En cuanto a libertad de expresión, Nicaragua y Venezuela obtuvieron las peores notas, ocupando las últimas posiciones al obtener 0.27 y 0.18 puntos, respectivamente, lo que indica su “adherencia más débil al Estado de Derecho”.

Sobre la ausencia de corrupción en el Gobierno se consideran las formas soborno, malversación de fondos públicos, influencia de intereses públicos o privados. Según el reporte, se examina a los funcionarios del Gobierno en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los militares, la policía y la Asamblea Nacional, y en este escalafón, Nicaragua obtuvo 0.35 puntos, mostrando también una menor “adherencia” al Estado de Derecho.

Poca apertura del Gobierno

Un tercer factor mide la apertura del Gobierno y si este comparte y fomenta la participación ciudadana en las deliberaciones de políticas públicas, el país también se ubicó en una baja posición al obtener 0.38 puntos.

Por otro lado, el país salió con malas calificaciones en la evaluación que se hace al sistema de justicia penal, al obtener 0.28 puntos, lo que revela una menor “adherencia” al Estado de Derecho.

Según el reporte, un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto clave del Estado de Derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar reclamos y emprender acciones contra individuos por delitos contra la sociedad.

Otros países

A nivel de la región de Centroamérica, solo Honduras está por debajo de Nicaragua, ubicándose en la posición 115, entre los últimos lugares, indica el reporte que fue presentado esta semana.

Costa Rica (posición 24), El Salvador (posición 84), y Guatemala (posición 96), se encuentran en posiciones más arriba de la tabla, según datos del reporte.

A nivel de Latinoamérica, Venezuela ocupa la posición 126, el último puesto en el Índice de Estado de Derecho. Bolivia (en la posición 119), es el otro país de la región con malas notas en este índice.

Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los países bajos, ocupan las primeras posiciones en este ranking evaluado por la WJP.

La forma de medir

El índice, que oscila entre los países con menor y mayor adherencia al Estado de Derecho, es elaborado a partir de consultas e investigaciones con académicos, profesionales y líderes comunitarios de más de 100 países y 17 disciplinas profesionales.

Asamble Nacional. Archivo/END

Las puntuaciones de los países y las clasificaciones para el Índice de Estado de Derecho 2019 de WJP, se derivan de más de 120,000 encuestas de hogares y 3,800 encuestas con expertos en los 126 países.

Este documento está destinado a una amplia audiencia que incluye a los responsables políticos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y profesionales del derecho, entre otros.

“El fortalecimiento del Estado de Derecho es un objetivo importante de los ciudadanos, gobiernos, donantes, empresas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo”, señala la WJP en el reporte anual.