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No todos los manifestantes que pasaron en la cárcel la semana pasada, previo a la reapertura del diálogo, tienen clara su situación jurídica, afirmó Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Montenegro explicó que por la  premura con que el sistema penitenciario entregó a los manifestantes casa por casa, sus familiares no tienen claro qué régimen les fue otorgado.

Los opositores, en su afán por estar con la familia, tampoco revisaron lo que firmaron y los que lo hicieron, al desconocer las leyes, están confundidos, señaló Montenegro.

El funcionario de la CDPH explicó que a las personas que se les procesó y se les condenó, les otorgaron régimen de convivencia familiar.

A los que aún mantienen causa abierta, poseen la medida cautelar de casa por cárcel. Es decir, con esto las autoridades quieren garantizar que enfrentarán el proceso. Una vez que la causa sea ventilada en los juzgados, la medida que tienen deberá ser cambiada, dijo el abogado.

Pero en el caso de los reos con sentencia firme (ya condenados), pueden trabajar y salir de su casa, no así del departamento o el país país. 

“Dentro de ese régimen de convivencia familiar ellos pueden estudiar y trabajar. No pueden visitar sitios determinados, como centros donde se expende licor y  deben evitar problemas”, explicó Montenegro.

Precisó que estas salidas del penal, que no tienen ninguna lógica judicial desde su criterio, ya que se dan por un asunto relacionado con el diálogo, genera dudas, y citó como ejemplo, el caso de las personas condenadas a 15 años de prisión.

Convivencia  familiar no cabe

Montenegro indicó que por el tipo de delito y la pena impuesta, estas personas no deberían recibir la convivencia familiar, pero la han obtenido. 

“El problema que yo veo es con la gente que ha sido condenada, a 15 años, por ejemplo, significa, entonces, que ¿el penitenciario regulará su situación hasta que cumpla su condena?”, se preguntó el abogado.

Añadió que las liberaciones “más bien son un tipo de concesión a partir de una negociación”.

Posterior a las excarcelaciones, la CDPH ha recibido un sinnúmero de llamadas de familiares de los reos beneficiados con la medida, consultando, qué deben hacer sus parientes ahora que están en casa.

“Permanecen en zozobra por temor a que en cualquier momento las autoridades reviertan las medidas”, indicó el abogado.

La CPDH estima que entre 60 y 70 manifestantes han sido llevados del penal a sus casas, la mayoría el pasado miércoles. Este fin de semana, otra cantidad, no precisada, fue llevada hasta sus hogares por funcionarios del sistema penitenciario.