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Un total de 106 personas fueron excarceladas desde el pasado 27 de febrero, a quienes se les otorgó una medida cautelar de “casa por cárcel”, según un listado dado a conocer por el Comité  Pro Liberación de Presos de Nicaragua.

Del total de excarcelados, seis corresponden a órdenes de libertad dictadas por los judiciales, que no habían sido acatadas hasta ese momento, revela el informe.

Según datos del comité, existen cuatro casos que fueron incluidos en la lista del Ministerio de Gobernación como excarceladas, a quienes tienen en la lista de manifestantes presos, pero que no “tenemos confirmadas sus excarcelaciones”, señala el comité en el informe.

“Cuatro personas que están posiblemente excarceladas, pero con quienes no se ha podido hacer ningún tipo de contacto para su confirmación, pero que aparecen en la lista pública del Ministerio de Gobernación”, agregan.

Según la situación legal de cada uno de los excarcelados, un total de 41 personas tienen una condena en su contra, 56 apenas se encuentran en la fase del proceso y 9 de ellos estaban en calidad de investigados, a “las que todavía no se les había abierto un proceso judicial”.

“A la fecha, desconocen si se les aplicó solamente cambio de medida cautelar o si se ha emitido alguna orden de libertad o en qué condición quedan las acusaciones y los procesos judiciales abiertos en su contra”, señala el comité.

Montenegro comentó que en una situación donde se respeten los procedimientos, esto podría incurrir en una sanción para la dirección del sistema penitenciario, pero hay una aparentemente coordinación con el Poder Judicial. Archivo/END

Asimismo, consideran fundamental en esta etapa dar seguimiento especial a los excarcelados por la situación de “vulnerabilidad e incertidumbre” en la que se encuentran.

Al menos seis de las personas que fueron excarceladas reportaron al comité estar sufriendo acoso por parte de grupos parapoliciales, asedio y vigilancia de patrullas de la Policía Nacional y amenazas de muerte.

Estado de salud

El informe presentado por el comité reconoce que la mayoría de las personas excarceladas presentan problemas de salud, por lo que demandan que el Estado asuma la responsabilidad de cada caso.

Gensy Mairena, por ejemplo, salió del penal con una fractura en una de sus extremidades superiores, causada por los golpes que sufrió en el tiempo que estuvo recluido en la cárcel, donde estaba sin tratamiento.

“Una consulta con un especialista estableció que requería de inmovilización y muy probablemente de una cirugía posterior”, destaca el informe.

Los que faltan

Daniel Esquivel, del Comité Pro Libertad de Prisioneros de Nicaragua, explicó que continuarán solicitando la “libertad de los que faltan”.

“La libertad de los 667 que faltan y no cambios de medidas cautelares, sino anulaciones de juicios y libertad total, nada de estar firmando ni con régimen de convivencia, ni nada de esas cosas”, exigió Esquivel.

Esquivel enfatizó en que están a la espera del desarrollo del diálogo, donde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia lleva a la mesa la petición de excarcelación de todos los manifestantes presos.

“La exigencia de nosotros y eso lo hablamos con la Alianza es que antes de cualquier otro punto, el primer punto tiene que ser la cuestión de los presos. Si no hay una respuesta positiva de la Alianza, tienen que levantarse de la mesa del diálogo”, añadió Esquivel.

Las excarcelaciones, según el comité, se han dado a través de un “proceso secreto”, en el que ni las personas excarceladas, ni sus familiares han sido informados de forma pertinente sobre su nueva situación.

La mayoría de los beneficiados tenían causas por los delitos de tráfico, portación y uso ilegal de armas, entorpecimiento de servicio público, robo agravado, crimen organizado y terrorismo. 

Juicios siguen suspendidos

Al menos 16 procesos judiciales con acusados por su participación en las protestas fueron suspendidos desde la semana pasada, según la representación legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Julio Montenegro, coordinador del área legal de la CPDH, destacó que el problema es que esto tiene efectos en los tiempos que deben permanecer los procesados en custodia, habiendo la posibilidad de que alguno de ellos puede considerarse no responsable de los delitos que le imputan.

Los procesos están en diferentes etapas, desde la inicial, la preparatoria, final y apelación.

“Una situación es que en el caso de los casos en etapa final, si se superan los diez días de reprogramación, el proceso debe comenzar de nuevo, por eso de la memoria y la necesidad de que el conocimiento del caso esté fresco en la mente del juez, para poder dictar una sentencia”, comentó Montenegro.

Para José Arnulfo López, también abogado de la CPDH, el judicial ha reprogramado cinco de sus casos, bajo el argumento de que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no lleva a los detenidos.

La abogada Verónica Nieto comentó que desde la semana pasada hasta la fecha tiene cinco casos reprogramados.

Montenegro comentó que en una situación donde se respeten los procedimientos, esto podría incurrir en una sanción para la dirección del sistema penitenciario, pero hay una aparentemente coordinación con el Poder Judicial.

“Suponemos que es por la situación de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica, para encontrar una respuesta a la crisis que vive Nicaragua”, comentó Montenegro.