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El exfiscal argentino y miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Pablo Parenti, expresó este martes que frente a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Nicaragua, no puede estar en juego ninguna negociación que contemple dictar normas de amnistía.

“Especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad no puede estar en juego en ninguna negociación, una amnistía o la resignación, que las víctimas se resignen a su derecho a la justicia”, destacó Parenti.

El investigador del GIEI señaló que en cualquier diálogo que se realice en Nicaragua, con el objetivo de encontrar una salida a la crisis sociopolítica, “no puede dejar de contemplarse la situación de las víctimas”.

Parenti intervino este martes en un panel para explicar los resultados del informe en el marco del cuarenta período del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde se abordó la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

En la actividad estuvieron encargados de las misiones de diferentes países que participan en las sesiones de Naciones Unidas.

El comisionado Joel Hernández, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó que en el contexto actual es importante señalar la capacidad que tiene el Estado para “atender las violaciones a los derechos humanos”, que es donde radican las principales fallas desde el inicio de la crisis.

En el análisis de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los miembros del GIEI presentaron los hallazgos de su informe en el que confirman el uso letal de armas de guerra para reprimir las protestas ciudadanas pacíficas. Óscar Sánchez/END

“La comisión ha visto con optimismo la instalación del diálogo, creemos que este diálogo debe ser inclusivo, debe tener una alta representación de las organizaciones de la sociedad civil, debe atender temas prioritarios como es la liberación de las personas que fueron privadas de libertad, que fueron detenidas de manera ilegal o arbitraria y devolver las personerías jurídicas a las organizaciones que les fueron arrebatadas”, mencionó Hernández.

El comisionado Hernández advirtió que todo esfuerzo de reconstrucción tiene que pasar necesariamente sobre la base del fortalecimiento institucional.

Sobre el informe

En el análisis de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los miembros del GIEI presentaron los hallazgos de su informe en el que confirman el uso letal de armas de guerra para reprimir las protestas ciudadanas pacíficas.

Parenti, miembro del equipo investigador, enfatizó en que de las 1,400 personas heridas, entre el 18 de abril y 30 de mayo, 599 fueron por armas de fuego.

“Cuando llegamos a Nicaragua, no había ni siquiera una lista clara de muertos, de víctimas (…).  La metodología de represión estuvo definida, es la represión por choques tradicionales, son grupos de personas civiles que actúan a la luz pública, incluso frente a la policía, que asegura el lugar y no interviene directamente”, señaló Parenti.

Claudia Paz y Paz, actualmente directora de la oficina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para el programa de Centroamérica y México, señaló que el sistema de justicia fue un engranaje más en la violación de derechos humanos en el país, garantizando “impunidad y criminalizando a los protestantes”.

La exmiembro del GIEI recordó que es importante que se cree una Fiscalía especial, que tenga acompañamiento internacional, dado que en la actualidad no existe “independencia” de este órgano en el país.

“Que el Poder Judicial y jueces con garantía de independencia revisen los procesos y las condenas que se han avanzado”, insistió Paz y Paz.

En el análisis de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los miembros del GIEI presentaron los hallazgos de su informe en el que confirman el uso letal de armas de guerra para reprimir las protestas ciudadanas pacíficas. Archivo/END

Mientras tanto, el comisionado Hernández explicó que la “etapa de represión”, en un momento estuvo dirigida a detener a todas las personas que participaran en las protestas.

“Encontramos un patrón muy constante de personas que fueron detenidas ilegal o arbitrariamente, muchos de ellos sin ninguna orden escrita de alguna autoridad competente”, señaló Hernández.

La presentación del informe del GIEI fue organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.