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Por muchos años, Francisco Aguirre Sacasa fue funcionario del Banco Mundial en Washington, y basado en esa experiencia explica que “la nacionalización del Bancorp perjudicaría un futuro diálogo entre el Estado nicaragüense y las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario, Banco Mundial y BID".

Con trámite de urgencia, la asamblea nacional convirtió al Bancorp en un banco estatal. ¿Qué motivaría al gobierno a tomar esta acción?

Uno no tiene que ser un mago para entender que el Gobierno quiere proteger los recursos que están depositados en Bancorp de las sanciones que Washington está aplicando y que tiene en la tubería para empresas contaminadas por los fondos que Nicaragua percibió de PDVSA y la “ayuda” venezolana.

Esta es sencillamente una operación de maquillaje legal que mucho se intenta alrededor del mundo.

¿Logrará el gobierno proteger el dinero que está en Bancorp, con su nacionalización?

No creo que esta movida engañe a nadie. Podrá generar hermosos honorarios para firmas de abogados, especialmente en Estados Unidos. Pero es cada vez más difícil ocultar lo que está pasando con este tipo de maniobras, aun cuando están disfrazadas con un complejo ropaje legal.

Solo hay que ver cómo han sido castigados por el Tesoro estadounidense grandes bancos europeos, como UBS y Deutsche Bank, por sofisticados movimientos de dinero para evitar; por ejemplo, el pago de impuestos o para lavar fondos. En ambos casos, las multas han sido de miles de millones de dólares por banco, mucho más de lo que son los depósitos de Bancorp.

¿Podrían las sanciones estadounidenses trasladarse al estado, como consecuencia de esta acción?

La Casa Blanca, el Tesoro norteamericano y el Congreso van en serio con estas sanciones. Y no descarto que si ven que el Gobierno está intentando escudar los activos de empresas como Bancorp nacionalizándolas, Washington podría buscar penalizar a estas entidades y al Gobierno trasladándole a la propia República estas sanciones.

Francisco Aguirre Sacasa. Archivo/END

Y allí sí sería catastrófico y duradero el daño que Nicaragua y su gobierno podrían sufrir. El que está recomendando este tipo de acción evasiva al Gobierno, le está haciendo un enorme daño a los gobernantes.

En cuanto a consideraciones técnicas, ¿han funcionado los bancos estatales como afirma el gobierno en el proyecto de ley enviado a la asamblea nacional con trámite de urgencia?

Durante mi carrera en el Banco Mundial estuve a cargo de la división que se dedicaba al sector financiero en África Oriental, y nuestra experiencia es que los bancos y las financieras estatales tenían invariablemente un pobre desempeño. Adolecían de altos gastos administrativos, pobres políticas de inversión, poca transparencia y grandes pérdidas que pesaban sobre los Gobiernos que eran sus dueños. Además, eran una competencia desleal para los bancos privados existentes.

En otras palabras, lejos de ser agentes de cambio positivo, las instituciones financieras estatales eran desastrosas y un freno al desarrollo de la región. Esta misma experiencia se vivió alrededor del mundo, incluyendo en América Latina.

Por eso, el grupo del Banco Mundial dejó de apoyar a los bancos y financieras estatales y se concentró en fortalecer las políticas financieras de sus países miembros y en apoyar a la banca privada.

Francisco Aguirre Sacasa. Archivo/END

Hay una amplia experiencia global que indica que la nacionalización del Bancorp no es aconsejable técnicamente y, además, perjudicaría un futuro diálogo entre el Estado nicaragüense y las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario, Banco Mundial y BID. Y esto sería terrible, porque estas IFI tendrían que estar en la vanguardia del rescate de nuestra economía una vez solucionado el impasse político.

En las redes sociales han criticado que las sanciones estadounidenses en Nicaragua han sido blandengues. ¿Qué piensa usted?

Aunque no estoy inmerso en las redes sociales, sé que muchos de los que en ellas se expresan se sienten frustrado por lo que consideran un lento avance en temas de gobernabilidad y culpan a Washington. Comprendo esta actitud, pero no la comparto.

En cuanto a la postura norteamericana en Nicaragua; por ejemplo, he visto cómo la Casa Blanca ha declarado al Gobierno de Nicaragua una amenaza para la seguridad nacional estadounidense e integrante de lo que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tilda la “troika de la tiranía.” Y esta retórica ha sido acompañada con acciones concretas.

Seis altos funcionarios públicos; por ejemplo, han sido sancionados por la Ley Magnitsky, incluyendo la vicepresidenta Murillo y hasta 50 colaboradores del gobierno han perdido sus visas estadounidenses, según declaraciones del Departamento de Estado.

Francisco Aguirre Sacasa. Archivo/END

Por otro lado, La Nica Act fue aprobada en 2018 con el respaldo de ambos partidos y ya está frenando la actividad de las IFI en nuestro país. Prueba de esto es que el BID no aprobó ni un solo céntimo en nuevos créditos para Nicaragua en 2018, comparado con un promedio de US$260 millones en nuevos préstamos en los años anteriores. Y los desembolsos del BID andan por la tercera parte de lo que fueron antes de 2018. A mi modo de ver, esto no es un actuar blandengue.

Todo indica que EE. UU. Se está concentrando en la restauración de la democracia en Venezuela. ¿Esto no ha disminuido su involucramiento en pro de la democracia en Nicaragua?

Es cierto que Venezuela es prioritario en Washington, pero esto no significa que Estados Unidos se ha olvidado de nosotros. Te daré un par de ejemplos más de esto. Tres altos funcionarios del Congreso y de la Administración estadounidense han viajado a Managua para reunirse con el Gobierno y con las fuerzas vivas de nuestro país.

La más reciente de estas misiones, hace unas semanas, fue encabezada por el embajador McKinley, un alto personaje del Departamento de Estado, y parece haber sido especialmente exitosa, ya que a raíz de su estadía en el país, el comandante Ortega aceptó abrir de nuevo las negociaciones con la Alianza Cívica. Además, tanto el Gobierno como la oposición han aceptado que estas tienen que haber generado resultados concretos antes de finales de marzo.

Francisco Aguirre Sacasa. Archivo/END

No me cabe la menor duda de que el Gobierno aceptó renovar el diálogo como consecuencia de esta visita de McKinley. Es más, leyendo entre líneas, creo que la OEA podrá ser nombrada como el garante de estas negociaciones y del programa de acción que se llevará a cabo después de ellas. Pero, también no me cabe la menor duda que Estados Unidos es el que apadrinó todo este ejercicio y que Washington será, de hecho, el verdadero garante de que la democratización, que pudiese ser acordada en el Incae, se convierta en realidad.