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El gobierno de Nicaragua dio a conocer este sábado sus puntos en el diálogo de Nicaragua, en los cuales incluye temas reformas electorales, justicia y reparación y pedir a la comunidad internacional la eliminación de sanciones.

La agenda no incluye el adelanto de elecciones, que ha sido un tema solicitado por la comunidad internacional, especialmente los EEUU, que le ha aplicado sanciones a altos funcionarios del gobierno nicaragüense, así como a ciertas empresas vinculadas a la petrolera venezolana PDVSA.

En un comunicado emitido por la Cancillería de Nicaragua, el gobierno revela cinco puntos que ha propuesto para su negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El primero es la implementación de reformas electorales, según planteamientos hechos por la Organización de Estados Americano (OEA).

Las reformas electorales en el marco de las recomendaciones de la OEA, es algo a lo que el gobierno ya había accedido desde finales de año 2017, pero que había suspendido a raíz de la crisis política y social que inició en el segundo trimestre de 2018.

Sobre este respecto el gobierno no menciona nada sobre la demanda de una parte relevante de la ciudadanía y especialmente de la comunidad internacional de adelantar las elecciones generales del 2021.

Luego, el gobierno expresa su disposición a la liberación de los presos en el contexto de lo que denomina “los hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua".

La Cancillería desconoce en este comunicado la existencia de manifestantes presos, detenidos por ejercer su derecho a la protesta, como ha denunciado en diferentes ocasiones la Alianza Cívica.

El gobierno añade que los liberados serían por casos juzgados y sin juzgar, advirtiendo que hará una revisión de los expedientes para no conllevar a la “impunidad”.

También dice tener disposición a fortalecer “las libertades, derechos y garantías” establecidas en la Constitución, muchas de las cuales continúan suspendidas, como el derecho a la reunión pacífica de la ciudadanía.

Y en el punto cuatro, el gobierno pide a la comunidad internacional “suspender toda sanción”. La OEA, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea consideran sancionar al gobierno de Daniel Ortega si este se niega a abrir un proceso de democratización, que incluye el adelanto de elecciones.

En el punto cinco el gobierno de Nicaragua se compromete a implementar y cumplir todos los acuerdos que se adquieran en el diálogo.

El gobierno divulgó estos puntos de agenda del diálogo de forma unilateral, a pesar de que la “ruta del diálogo” aprobada la semana pasada estipulaba que solo sería publicado lo aprobado por consenso por las dos partes en la negociación.

La crisis del país, que estalló en abril pasado, ha dejado al menos 325 muertos y más de 600 manifestantes presos, según diferentes reporte de instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales.