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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), una vez más exhortó este sábado al Gobierno de Nicaragua, a que se respete la “integridad” de las personas que se encuentran en condiciones carcelarias.

“Una vez más, la CIDH recuerda al Estado de Nicaragua su obligación de velar por la salud e integridad de las personas recluidas y abstenerse de realizar torturas, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tal como determina el derecho internacional”, señaló la CIDH a través de su cuenta de Twitter.

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La Comisión recibió denuncias sobre una situación ocurrida el pasado 5 de marzo, en la que se denunció los actos represivos de la que fueron víctima los detenidos a manos de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales, mejor conocidos como policías antimotines.

“La CIDH recibió denuncias sobre detenidos que sufrieron malos tratos el 5 de marzo en Nicaragua. La Comisión considera que la acción de antimotines que entran en celdas para atacar a reos con golpes y bastones, gas pimienta y perros adiestrados, representa un patrón represivo”, señala la CIDH.

Cinco ataques

El abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH), denunció este sábado que a las cinco de la tarde de ese mismo 5 de marzo, “Roberto Guevara, y los custodios Ignacio Matus y Willian Trujillo, ingresaron violentamente a las celdas de Francisco Sequeira y Chester Membreño, les tiraron gas pimienta, los esposaron y los golpearon”, según denuncia que recibieron de los familiares.

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Posterior a esta situación, según el abogado Montenegro, los reos de la Galería 16, “abrieron un agujero en el techo y salieron con una bandera azul y blanco, cantando el himno nacional”.

Julio Montenegro, miembro de la CPDH. Archivo/END

“En lo que va de 2019, hubo al menos cinco ataques de este tipo contra manifestantes detenidas en la cárcel de mujeres "La Esperanza" y en la de hombres, "La Modelo", ambas prisiones del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua”, señala la CIDH.

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La liberación de los manifestantes detenidos, que a la fecha suman más de 600, es una de las condiciones que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dice que llevará a la mesa de negociaciones, que este viernes quedó en un impasse tras conocerse la decisión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de rechazar la invitación para ser parte activa de la mesa de negociaciones.