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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), convocó al Estado de Nicaragua a una audiencia pública sobre el caso judicial del asesinato del activista de derechos humanos Francisco José García Valle, esposo de la también defensora de derechos humanos, María Luisa Acosta.

La convocatoria fue publicada en la página web de esta organización y la sesión está prevista a realizarse el 11 de marzo a las 11:00 a.m. durante el 130 período ordinario de sesiones en la sede de la Corte IDH, en San José, Costa Rica.

De acuerdo con la citación, el objetivo será revisar las recomendaciones que hiciera esta organización sobre cómo se llevó el caso judicial del asesinato García Valle, esposo la defensora de derechos humanos, María Luisa Acosta.

María Luisa Acosta. Archivo/ END

Este crimen ocurrió en Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), el 8 de abril del año 2002.

En ese momento, Acosta como coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), representaba legalmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes de Laguna de Perlas y del territorio Rama y Kriol, que fueron afectadas por la venta en internet de los Cayos Perla y de otras propiedades, supuestamente hechas por Peter Tsokos y Peter Martínez Fox, a quien Acosta ha señalado como autores intelectuales del asesinato.

ABORDARÁN DOS PUNTOS

Acosta afirmó al El Nuevo Diario que son dos puntos los que la Corte abordará al Estado de Nicaragua, el punto resolutivo número 9, que tiene que ver con el asesinato de su esposo y la resolución 11, relacionada con la protección de las defensoras de derechos humanos en la costa Caribe.

La corte ha mandado al Estado a acatar ambas resoluciones, dijo Acosta y “se reversa el derecho de continuar dándole seguimiento al caso hasta que esté totalmente cumplida la sentencia”.

Explicó que la Corte pedirá cuentas de qué ha hecho el Estado, qué parte de la sentencia le hace falta cumplir y por qué.

El punto resolutivo número 9 de la sentencia indica que “El Estado debe adoptar las medidas necesarias para que el hecho o asesinato del señor Francisco José García Valle, no quede en impunidad y se restituyan adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas”.

María Luisa Acosta. Archivo/ END

Acosta aseguró que el Estado ha cumplido parcialmente la sentencia de la Corte IDH, ya que el 25 de marzo de 2017 resolvieron que Nicaragua tenía responsabilidad internacional en su caso.

Concretamente, en relación con la investigación de la muerte de García Valle, el Estado de Nicaragua no investigó seria y diligentemente el móvil del crimen, según lo planteado por la Corte IDH.

Según Acosta, hasta el momento el Estado solo ha cumplido con las publicaciones de la sentencia en La Gaceta, Diario Oficial y en las páginas web del Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

Además, en enero de 2018 se realizó la entrega de las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daños materiales e inmateriales, y por reintegro de costas y gastos a favor de las víctimas, y las representaciones legales.

Según la Corte, la responsabilidad internacional del Estado deriva del incumplimiento de las obligaciones que imponen los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e integridad personal, consagrados en la Convención Americana.