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La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH), que preside la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó este domingo que el Estado de Nicaragua, debe seguir los estándares internacionales y evitar los “tratos crueles” hacia las personas privadas de libertad en el país.

“OACNUDH urge a Nicaragua asegurar la plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de las personas privadas de libertad, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindando pronta asistencia médica a reclusos”, señaló en la red social Twitter esta oficina de Naciones Unidas.

El fin de semana trascendió que un grupo de manifestantes que permanecen en la galería 300 del Sistema Penitenciario Nacional conocido como La Modelo, realizaron una protesta sobre el techo de las instalaciones en demanda de que se les abrieran las ventanillas y se les permitiera caminar por el pasillo, debido al insoportable calor.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, también se sumó a las voces que demandan mejores tratos para los manifestantes que permanecen en prisión por haber protestado en contra del Gobierno, particularmente para las mujeres que están en la cárcel La Esperanza.

“Demando que se vea actuando ya al Comité Internacional de la Cruz Roja. Señores, nuestras presas políticas en huelga de hambre no pueden esperar, como defensora de derechos humanos les pido presencia inmediata en la cárcel La Esperanza”, manifestó la defensora de derechos humanos en su cuenta oficial de Twitter.

EL ACUERDO SUSCRITO

Esta semana, el Gobierno suscribió con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un acuerdo de cooperación en el que se consensuó visitar a los presos en las cárceles del país.

El acuerdo fue firmado en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.

A la fecha, permanecen más de 600 manifestantes detenidos, entre hombres y mujeres, pues el Gobierno sólo otorgó la medida cautelar de casa por cárcel a unas 100 personas el pasado 27 de marzo cuando iniciaron las conversaciones del diálogo nacional.