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Después de 13 días de huelga de hambre, las manifestantes detenidas en el Sistema Penitenciario La Esperanza están presentando problemas de movilidad dentro de la cárcel, debido al grave estado de deshidratación en que se encuentran.

Así lo aseguró, la tarde del lunes, el abogado Maynor Curtis, defensor de la líder del Movimiento 19 de Abril, Amaya Coppens Zamora, quien ayer recibió la visita de sus progenitores en el penal de mujeres.

Citando a los padres de Amaya Coppens, el abogado Curtis aseguró que su representada y  Karla Vanessa Matuz son quienes están más deshidratadas por la huelga que iniciaron el 25 de febrero, junto con otras seis compañeras de detención.

“Ellas (las presas) se han rehusado a recibir alimentos del Sistema Penitenciario en las últimas dos semanas y están decididas a continuar su lucha (huelga de hambre)  hasta las últimas consecuencias”, advierte el abogado Maynor Curtis.

No les pasan medicamentos

En un mensaje de texto divulgado por  WhatsApp, el abogado defensor de Amaya Coppens, manifiesta que durante la visita hecha al penal de mujeres los padres de la líder estudiantil comprobaron que las autoridades del reclusorio no le han facilitado el medicamento a su hija para el control de la presión arterial.

“Amaya no ha estado recibiendo su medicamento para la presión (arterial) a pesar que sus padres se lo han estado llevando y entregado en paquetería del penal”, sostiene el abogado Maynor Curtis.

La semana anterior la joven Amaya Coppens fue examinada por dos médicos forenses, quienes corroboran que presentaba cuadro de presión arterial alta de 135 sobre 85,  refirió su abogado defensor.

El juicio para Amaya Coppens y  más de 600 reos que ha dejado la crisis sociopolítica que inició el 19 de abril del 2018, después de una fallida reforma a la ley de seguridad social,  están suspendido y se desconoce si se van a reanudarse o serán anulados de manera definitiva a como lo exige la oposición.

La líder estudiantil Amaya Coppens fue capturada en septiembre y guarda prisión por protestar contra el Gobierno, enfrenta cargos por terrorismo, daño agravado y entorpecimiento de servicios públicos (transporte).