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La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó este martes que su exigencia de la liberación de "presos políticos" y garantía de libertades públicas, para negociar con el Gobierno la salida de la crisis de Nicaragua, se debe a que estos son derechos humanos fundamentales, no una "concesión" del ejecutivo.

"La libertad no es una concesión de Ortega (Daniel Ortega), es un derecho humano fundamental, a cuenta de qué la tiene Ortega", dijo la integrante de la Alianza y experta en derecho constitucional, Azahalea Solís, a periodistas.

La Alianza Cívica también informó que continúa su proceso de consultas respecto a la decisión de retomar las negociaciones con el Gobierno y esta mañana se reunieron con diferentes sectores que integran a la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).

"Hemos tenido esta mañana un diálogo amplio con representantes de distintas organizaciones que forman la Unab y estamos en ese proceso", expresó el doctor  Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza.

Tünnermann además destacó que tienen pendiente una segunda reunión con Luis Ángel Rosadilla, el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encuentra en Managua evaluando la posible participación de este organismo en el diálogo.

“No podemos adelantar cuál será la decisión de la OEA, nosotros pedimos que actué como garante y eso es lo que ellos están considerando. Podría  actuar como garante general y de  garante de temas específicos. Para eso ha venido la OEA para tomar una decisión sobre esos aspectos", recalcó Tünnermann. 

El movimiento opositor dejó plantado a la delegación gubernamental esta mañana en las negociaciones, por segundo día consecutivo, que solamente retornará a la mesa cuando "el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz".

Entre las muestras de "buena voluntad" que reclama la Alianza al Gobierno está la liberación de los manifestantes presos por participar en protestas, el cese de la represión, así como del hostigamiento a los familiares de los convictos.

La Alianza también demanda plena observancia y respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los "presos políticos", para evitar que estos sigan recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la pronta asistencia médica de los detenidos.

Miembros de la Alianza Cívica / Cortesía "El Gobierno no ha dado muestras en un tema central como es la libertad, que se respeten los derechos y garantías de los nicaragüenses, ¿Vamos a aceptar que somos esclavos y que no tenemos derecho a la libertad de expresión, de movilización, de organización?", cuestionó Solís.

Movimientos organizados por las víctimas de la crisis, como el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, y la Asociación de Madres de Abril, entre otros, han anunciado su respaldo a la decisión de la Alianza.