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El Parlamento Europeo (PE) hizo públicas varias propuestas para la resolución 2019/2615 que serán discutidas en esa cámara este miércoles y jueves, las cuales coinciden en activar una “cláusula democrática” que dejaría a Nicaragua fuera del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (ADA).

Los proyectos de resolución de los dos grupos mayoritarios, demócrata-cristianos y socialistas coinciden en la aplicación de la cláusula democrática a Nicaragua y deploran la expulsión de este país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos Meseni y GIEI

La propuesta de resolución del grupo de partidos conservadores y reformistas “recuerda al Estado de Nicaragua que a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de América Central, Nicaragua debe respetar los principios del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, tal como los confirma y promueve la UE; (e) insta a que se active la cláusula democrática, lo que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central”.

Tras exponer una serie de consideraciones que reflejan el panorama de la grave crisis sociopolítica por la que atraviesa Nicaragua, la iniciativa parlamentaria “condena la severa violencia contra manifestantes pacíficos y la represión del derecho a la libertad de expresión y reunión en el país”.

El documento destaca que “un diálogo inclusivo con representantes de todos los actores y grupos de la sociedad es la única forma de salir de la crisis actual”.

La propuesta exige al Gobierno de Nicaragua “iniciar una investigación imparcial e independiente y procesar a los involucrados en cometer abusos contra los derechos humanos durante las protestas”.

Los eurodiputados “piden al Gobierno de Nicaragua que respete la libertad de expresión y reunión llevada a cabo de manera pacífica, de conformidad con el derecho nacional e internacional, como elemento esencial de una sociedad democrática”.

Además, el proyecto de resolución exige a las autoridades que “respeten la libertad de prensa y los medios de comunicación como elemento vital de una sociedad abierta, como garantiza la Constitución nicaragüense”.

Manifestantes presos

Los eurodiputados “expresan su solidaridad con el pueblo nicaragüense y sus condolencias a las familias de los asesinados desde abril de 2018 y se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos y de todos aquellos que simplemente han ejercido su libertad de expresión y reunión de manera pacífica”.

De ser aprobada, la resolución del Parlamento Europeo demandará que las autoridades nicaragüenses garanticen el respeto a los derechos y la integridad de los manifestantes presos.

En el punto 6 solicita al Gobierno de Nicaragua que restablezca el estatus legal de las organizaciones nacionales e internacionales, que lo ha perdido desde abril de 2018 por decisión de las autoridades.

El punto 7 exige una reforma electoral inmediata que garantice elecciones justas, libres y transparentes; y recomienda que la oposición supere las divisiones internas.

En su punto 8 plantea el respeto pleno de “los valores democráticos, incluida la separación de poderes” y recuerda que “la plena participación de la oposición, la despolarización del Poder Judicial, el fin de la impunidad y una sociedad civil independiente son factores esenciales para el éxito de una democracia”.

La propuesta de declaración de los eurodiputados expresa en el punto 9 que apoyan “las aspiraciones de la mayoría de los nicaragüenses, que desean establecer un país libre, estable, próspero, inclusivo y democrático que respete sus compromisos nacionales e internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales”.

Luego insta a los a los Estados miembros de la UE a que continúen supervisando la situación y consideren con urgencia la aplicación de sanciones específicas e individuales contra el Gobierno de Nicaragua y las personas responsables de violaciones de los derechos humanos, en línea con las conclusiones del Consejo del 21 de enero de 2019, las cuales “no deben perjudicar a la población nacional”.