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El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) decidirá quiénes serán los funcionarios nicaragüenses a sancionar, luego que el Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves, con 322 votos a favor, una resolución que pide aplicar medidas restrictivas contra el Gobierno de Nicaragua.

Las sanciones son un instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, que contempla entre sus objetivos consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho Internacional.

Para hacer efectivas las restricciones o sanciones, los ministros de los 28 Estados miembros de la UE, deberán reunirse y aprobar las medidas que están destinadas particularmente a producir un cambio en la política o la conducta de aquellos a los que van dirigidas.

A través de esta resolución, el Parlamento Europeo abogó por “un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos”.

Lista de sancionados

La decisión tomada por los ministros se hace efectiva cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Antes de que se reúnan los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Federica Mogherini, debe presentar una propuesta que incluya a los posibles sancionados.

De forma preliminar circuló una lista de 17 funcionarios enviada por la representante portuguesa, Ana Gomes, a Mogherini.

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui recordó este jueves que la resolución contempla todo tipo de sanciones individuales contra aquellas personas “protagonistas en el quebrantamiento del estado de derecho” en Nicaragua.

“La resolución del Parlamento Europeo que propone a los Ministros de Estados miembros de la Unión Europea es que sancionen al régimen”, dijo Jáuregui durante una conferencia este jueves en Madrid, en la que participó un grupo de nicaragüenses.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este jueves que la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre Nicaragua, “confirma hallazgos” de este organismo, por lo que considera urgente “cesar la represión y liberar a los presos políticos para impulsar el diálogo”.

Un mapa de sanciones de la UE ha puesto en la lista únicamente a Venezuela a nivel de la región latinoamericana.

Todas las sanciones se conciben de modo que se minimicen las consecuencias adversas para quienes no sean responsables de las políticas o acciones que hayan provocado la adopción de las mismas.

Extradición para Cassimirri 

El diputado Jáuregui explicó que un grupo de legisladores italianos, encabezados por Mario Borghezio, solicitaron una enmienda a la resolución aprobada en la que reclaman la extradición de Alessio Cassimirri, italiano que vive en Nicaragua desde 1983 y que fue condenado en Italia por el secuestro y asesinato de Aldo Moro, exprimer ministro de ese país, hecho que ocurrió en 1978.

“Pedimos, junto con el Gobierno italiano, que Europa solicite la extradición inmediata a Italia de este criminal, de este asesino”, dijo Borghezio durante su intervención este miércoles durante el debate en el pleno del Parlamento Europeo.

Jáuregui explicó que la enmienda es un derecho que tiene cada grupo del Parlamento y que en este caso “esto no tiene mucho sentido y de pronto no hace bien, ni hace mal” al texto de la resolución aprobada. 

Sobre el diálogo 

Jáuregui considera que la UE debe dar seguimiento a las negociaciones del diálogo que se reinstaló este jueves, para verificar si se avanza hacia una salida de la crisis, pero de forma democrática.

“Se ha iniciado un proceso de diálogo y le pedimos a la alta representante de la UE, que si avanza, la UE aporte una observación internacional”, consideró este jueves Jáuregui durante un conferencia con un grupo de nicaragüenses. 

Por otro lado, el diputado socialista mencionó que la aplicación de la cláusula democrática, que inhibiría a Nicaragua de seguir participando en el Acuerdo de Asociación que se firmó con la UE, traerá consigo “riesgos de perjuicio social” que “son muy grandes”.

“Nunca lo hemos aplicado con ningún país del mundo todavía. Es la primera vez que el Parlamento Europeo establece una referencia de esa naturaleza”, indicó. 

Jáuregui reveló también que está trabajando en la posibilidad de que los estudiantes expulsados de las universidades en el contexto de las protestas “puedan ser incorporados en la universidad pública o que puedan obtener becas para venir a Europa”.

Eurodiputada presenta lista de funcionarios a sancionar

La eurodiputada Ana Gomes dirigió este jueves una carta con una lista de 17 funcionarios nicaragüenses como candidatos a ser sancionados por la Unión Europea, encabezada por el presidente Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo y sus hijos Laureano Facundo y Rafael Antonio, ambos de apellidos Ortega Murillo.

“Les insto a que se dirijan a las siguientes personalidades, por su papel en la corrupción, la mala gobernación y la violación de los derechos humanos contra la gente de Nicaragua”, señala la carta que Gomes dirigió a la Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

La eurodiputada Ana Gomes planteó la necesidad de que la Unión Europea dirija sanciones específicas en Nicaragua. Captura de video/END

Otros funcionarios que figuran en la lista, son el asesor presidencial Néstor Moncada Lau, exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior y hoy asesor de Ortega; y el comisionado general Adolfo Joel Marenco Corea, subdirector de la Policía Nacional, institución que tuvo un rol importante en la persecución y represión a manifestantes y grupos opositores. 

En esa lista, la parlamentaria Gomes incluye a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos y a la Fiscal General Ana Julia Guido, encargadas de orquestar los juicios contra los manifestantes detenidos. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviados por la OEA a Nicaragua, determinó que estas dos instancias actuaron de forma parcializada en los juicios a protestantes antigubernamentales. 

Gomes también cree que los diputados sandinistas Filiberto Jacinto Rodríguez y Gustavo Porras, tienen que ser sancionados. Desde este poder del Estado fueron canceladas al menos nueve personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil, algunas encargadas de defender los derechos humanos. 

En la lista fue incluido el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes y el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto José López.

Asimismo, la eurodiputada propone sancionar a los alcaldes Reyna Rueda, de Managua; Sadrach Zeledón, de Matagalpa; Francisco Valenzuela, de Estelí; Orlando Noguera, de Masaya; y Leónidas Centeno, de Jinotega.

“Me gustaría llamar su atención para la necesidad de que la Unión Europea dirija sanciones específicas en Nicaragua, en la misma línea de la resolución que ha sido adoptada hoy para ese país, por el Parlamento Europeo”, puntualiza Gomes en su carta de este jueves.