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El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales, considera que el compromiso del Gobierno de soltar más detenidos “es una muestra positiva que debe aprovecharse”. 

“No ha gustado el procedimiento a una serie de sectores de la sociedad civil, por el hecho que la Alianza Cívica cedió primero ir a la reunión antes de que se diera la liberación, cuando era una precondición. Lo ideal es que hubiera sido a la inversa, primero sacar a los presos y después iniciar el diálogo, lo hicieron a la inversa y se exponen en cierta forma a una mentira”, comentó Parrales. 

Sin embargo, cree que el acuerdo aceptado por la Alianza este miércoles puede tener sentido, ya que entre los detenidos hay distintas condiciones, unos están sin haber pasado ante un juez, a otros ya les abrieron procesos y algunos tienen sentencias.

Julio Montenegro, director del área de Defensoría de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó que la única medida sin maquillaje es dejar “en libertad a todos y cada uno de los detenidos, ya sea con condena, que tengan fallo judicial sin sentencia, en vísperas de continuación de juicio, sea que estén en audiencia preparatoria o en cualquier estado de su situación legal; procede en todos los casos la nulidad absoluta”.

De los más de  600 manifestantes detenidos, unos 100 ya están cumpliendo condena, 112 fueron liberados con medidas cautelares y han ocurrido más de 90 detenciones nuevas en lo que va de este año, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

“Eso pide distintos tratamientos, por eso piden un tiempo para poder sacar de acuerdo a las categorizaciones, ya que así los que tienen una sentencia tienen que hacer otros procedimientos para que se declaren nulos los juicios; y los que no han ido al juez, solamente los sacarán”, dijo Parrales.

A su criterio, los primeros que deben ser liberados son los adolescentes, mujeres y enfermos. “Es bueno explicarle a la gente del por qué el tratamiento diferenciado, no se puede sacar a todos al mismo tiempo, deben tener atenciones diferentes, pero lo importante es que salgan todos en el menor tiempo posible”, indicó. 

Parrales advirtió que la liberación debe ser absoluta, sin hostigamiento posterior por el Gobierno. “Después de esto, puede haber un poco de confianza, no total. La tendremos cuando podamos hacer marchas, la libertad de andar en la calle con tranquilidad”.

Según Parrales, la liberación de los detenidos “puede ser solo el comienzo de un diálogo serio, ya que también debe haber cese de la intimidación por la policía, el desarme de los parapolicías y libertad de manifestación y de prensa”. 

Juicios nulos 

El abogado Montenegro, de la CPDH, insiste en que los manifestantes presos deben ser liberados sin ningún condicionamiento, porque todos los casos son nulos.

Comentó que, por su experiencia en la defensa de los manifestantes detenidos, los casos carecen de sustento jurídico o las autoridades violentaron una serie de leyes que hacen nulos todos los procesos.

El jurista explicó que esta nulidad se basa en aspectos como detenciones por civiles armados, obtención de pruebas ilícitas por civiles armados, haber sido sometidos a un juez no natural (fuera de su jurisdicción), el hecho de incorporación anómala de la prueba por el Ministerio Público y acusaciones fallidas.

Indicó que en todos los procesos defendidos por la CPDH, se hizo constar en acta estos aspectos, considerando que en un proceso imparcial esto sería un elemento importante para la libertad de los presos.

Por otra parte, “las medidas de convivencia familiar y la prisión domiciliar no corresponden a la ley en los casos de las liberaciones que recientemente aplicó el Gobierno”, afirmó Montenegro.

Por eso, él considera que la medida más congruente y apegada a la legalidad es la liberación incondicional y absolutoria de cada uno de los protestantes presos.