•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Web

Jarod David Rosales López, quien el pasado domingo tenía previsto hacer su examen de admisión en una universidad pública,  con el propósito de  poder clasificar para iniciar sus estudios de medicina, tuvo que postergar sus planes, porque tendrá que esperar en la cárcel el veredicto judicial en que se decidirá si es o no culpable del delito de asesinato agravado que le imputa la Fiscalía por el crimen de Bryan Aburto Esquivel, quien participó  de manera activa en las protestas antigubernamentales del año 2018.

Así lo decidió el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de la capital, Henry  Morales Olivares, quien ordenó  que Jarod Rosales López  permanezca en prisión preventiva al menos hasta el próximo 6 de abril,  fecha probable del inicio del juicio.

Bryan Aburto, quien habitaba en el barrio Villa  Venezuela (conocido también como Américas Cuatro),  fue ultimado de un tubazo en la cabeza la tarde del 24 de febrero del año en curso y murió al día siguiente en el hospital Antonio Lenín Fonseca.

Posterior a la muerte de Bryan Aburto, sus amigos  publicaron en la red social Facebook que él habría participado en las protestas antigubernamentales que iniciaron  el 19 de abril del  2018 después de  una fallida reforma a la Ley de Seguridad Social.

Sin embargo, los familiares de  Bryan Aburto Esquivel  se mostraron inconformes por las publicaciones  hecha por los amigos de sus  pariente, pero no negaron que haya participado en las protestas contra  el régimen de turno.

En la audiencia inicial, la abogada defensora de Jarod Rosales López, Vilma Ampié, pidió que su representado sea tenido durante todo el proceso como inocente mientras no se le demuestre lo contario en juicio.

La abogada Vilma Ampié también solicitó que  Jarod Rosales  pudiera enfrentar  el juicio bajo arresto domiciliar, expresando que es una persona trabajadora, según lo acredita con una constancia laboral que extendió el empleador de su representado.

Pero  el juez Henry Morales no dio lugar a esta petición, señalando que la Ley 952 que reformó el Código Penal  establece que la única medida cautelar a imponer a  quienes son acusados por asesinato agravado es la prisión preventiva.