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Cuatro puntos de referencia de Managua, todos de carácter privado, fueron este sábado el escenario en que centenares de nicaragüenses rompieron una prohibición policial de manifestarse, emitida hace cinco meses y medio. 

La última marcha realizada bajo el lema “Somos la voz de los presos políticos” se registró en Nicaragua el 23 de septiembre de 2018 y ese día civiles armados y policías atacaron la manifestación y mataron al joven protestante Matt Romero.

El centro comercial Metrocentro, Plaza Centroamérica, Galerías Santo Domingo y la gasolinera UNO frente al Colegio Teresiano, sirvieron de refugio a los ciudadanos que salieron a exigir respeto a sus derechos constitucionales y les costó persecución, agresiones físicas y la detención temporal a más de 160.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) había convocado a una marcha para el sábado 16 de marzo a las 2:00 p.m., saliendo de la rotonda Centroamérica, en Managua. El propósito era exigir la libertad de todos los presos políticos, pero las calles de la ciudad capital amanecieron tomadas por agentes de la Policía, la que un día antes tachó la convocatoria de “falsa” y prohibió su realización.

A pesar del nuevo veto policial, los protestantes decidieron desafiar al Gobierno. “Salimos a defender nuestro derecho a la libre manifestación pacífica”, afirmó Violeta Granera, dirigente de la UNAB.

La policía empezó a acosar y capturar a quienes iban llegando a la rotonda Centroamérica portando banderas azul y blanco, la de la patria. Agentes policiales y civiles armados pro-Gobierno también cercaron a los periodistas, agredieron a algunos y les robaron equipos de trabajo, como sucedió con el fotógrafo de El Nuevo Diario, Óscar Sánchez, y con un fotógrafo de la agencias francesa de prensa AFP.

La presión

“Hay un nivel de saturación en la población, un nivel de impaciencia ante la situación, el país es como un recipiente lleno que está a punto de derramarse”, comentó el sociólogo Freddy Quezada.

Señaló la necesidad de la población “de recibir respuestas, de encontrar la solución a la crisis sociopolítica, de expresar sus demandas, de ejercer sus derechos, porque tienen más de 11 meses de estar siendo reprimidos”, desde que iniciaron las protestas sociales antigubernamentales en abril de 2018.

Nicaragua ya tiene casi seis meses de no registrar una marcha masiva, por el temor de la represión y la posible criminalización, recordó Quezada.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el cual hacía responsables a los organizadores de la marcha del 23 de septiembre de 2018, por la represión ocurrida ese día, y por eso el 28 de septiembre de 2018 prohibió toda manifestación pública, declarándolas “ilegal” si no contaban con el “permiso” de la institución policial.

Negaron permisos

Desde el 28 de septiembre se han registrado tres intentos de obtener el permiso policial para realizar marchas y todos han sido rechazados y los solicitantes fueron calificados por las autoridades de ser parte de un plan de golpe de Estado y actos terroristas.

Los mismos miembros de la UNAB, que convocaron a marchar el pasado sábado, fueron los primeros en intentar obtener el permiso policial para marchar el 21 de noviembre de 2018, entregando la carta de solicitud en las oficinas del Complejo Policial Faustino Ruiz, conocido como Plaza El Sol.

Según el sociólogo Freddy Quezada, “hay un nivel de saturación en la población, un nivel de impaciencia ante la situación”. Jorge Ortega/END

Sin embargo, la UNAB recibió una negativa para realizar la marcha el domingo 25 de noviembre de 2018. Además, la Policía advirtió que “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado”.

También los señaló de no tener personería jurídica, por lo que no podían ejercer derechos ni contraer obligaciones y los acusó de tener el propósito de “promover actos vandálicos y terroristas para afectar a las familias nicaragüenses”.

Una semana después de que a la UNAB se le negó la autorización, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) intentó recibir el permiso para salir a las calles a conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2018, pero la respuesta de la Policía fue la misma.

Al Cenidh los señalaron de “carecer de junta directiva legalmente constituida”, por lo que la Policía adujo que los firmantes de la solicitud no podían “adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre del Cenidh”. 

Asimismo, cuando el sector privado encabezado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), solicitó permiso para marchar el pasado 24 de enero, en demanda de la libertad de presos políticos y la reanudación del diálogo nacional, tampoco se les autorizó.

Desde el 28 de septiembre se han registrado tres intentos de obtener el permiso policial para realizar marchas. Nayira Valenzuela/END

La Policía adujo que la Ley 849, Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, obliga a las cámaras empresariales binacionales y mixtas a abstenerse de realizar acciones políticas, partidarias o religiosas.

Además, señaló a los solicitantes de participar en “golpe de Estado fallido de abril del año pasado” y de “actuar delictivamente contra la Constitución Política de Nicaragua, pretendiendo cambios institucionales a través de la violencia y el terror”.