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Este lunes se cumplen 11 meses de crisis sociopolítica en Nicaragua y la esperanza de una solución pacífica depende de las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, reiniciadas el pasado 27 de febrero.

En 335 días de crisis han ocurrido más de 15 demandas de diálogo; hubo resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitas de emisarios de la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo, que la semana pasada emitió una resolución instando al Gobierno de Nicaragua a buscar una solución pacífica, con voluntad política y buena fe.

Primer intento

El 16 de marzo de 2018, un mes después de iniciar las protestas antigubernamentales, con un saldo de decenas de manifestantes asesinados y heridos, el Gobierno de Nicaragua dio el primer paso para dialogar con la oposición, por la presión nacional e internacional que demandaban una solución pacífica al conflicto.

Los principales dirigentes estudiantiles, de la sociedad civil y del sector privado se organizaron en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para iniciar las conversaciones con el Gobierno y la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) fue nombrada mediadora y testigo.

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Sin embargo, una semana después se suspendieron por primera vez las conversaciones, porque el Gobierno insistía en que la población debía retirar todos los tranques, levantados por los protestantes para protegerse de los constantes ataques de grupos armados afines al gobierno y policías.

El 4 de junio, la Asamblea General de la OEA urgió al Estado de Nicaragua el cese de la represión, acoger recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reactivar el diálogo.

Un día después, la OEA aprobó una declaración en “apoyo al pueblo de Nicaragua”, demandado el cese de actos de violencia y represión, llamando a todos los actores a llegar a una solución pacífica mediante el diálogo y urgiendo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Cuatro días después de la presión ejercida por el Consejo de la OEA, el Gobierno de Estados Unidos envió a Caleb McCarry, experto en temas de transición, para reunirse con la embajadora de EE. UU. en Nicaragua, Laura Dogu, los miembros de la CEN y el Gobierno.

McCarry, al culminar su visita, destacó su apoyo a un diálogo entre el Gobierno y la oposición, siempre guiado por la Iglesia católica.

La oposición nicaragüense organizó el 14 de junio el primer paro nacional de 24 horas, con el objetivo llamar al Gobierno a cesar la represión y reanudar inmediatamente el diálogo nacional.

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Por toda la presión nacional e internacional, el Gobierno decidió volver a sentarse en el diálogo el 15 de junio para negociar, pero tres días después se volvieron a suspender las conversaciones porque la representación gubernamental no cumplió con el acuerdo de enviar cartas de invitación a organismos internacionales, como la CIDH y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tünnermann: Represión pone en "alto riesgo" el diálogo con el gobierno

El 20 de junio, el Gobierno decidió enviar las invitaciones a la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea, para que se retomaran las conversaciones y reuniones entre las comisiones mixtas conformadas en el diálogo.

No obstante, la CIDH ya estaba monitoreando la situación en Nicaragua y presentó su informe final de la visita de trabajo realizada entre el 17 y 21 de mayo, en el cual concluyen que la represión gubernamental provocó muertes y violaciones de derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad de expresión y manifestación.

Ruptura

A pesar de la formación de varias comisiones negociadoras, el diálogo entre el Gobierno y la oposición fue suspendido definitivamente el 9 de julio, porque varios obispos fueron agredidos en la basílica San Sebastián, en Diriamba, Carazo, cuando llegaron en una visita pastoral debido al asedio a la ciudad por policías y civiles armados pro-Gobierno.

A partir del 11 de julio, el Consejo Permanente de la OEA inició una serie de sesiones extraordinarias en las que condenó la represión y demandó una solución pacífica, mediante la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición.

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En esa misma fecha, el Consejo de la OEA realizó una sesión extraordinaria en la que evaluó la situación de Nicaragua en materia de derechos humanos y debatieron sobre la instalación del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La sesión culminó con la mayoría de países demandando el fin de la represión y una salida pacífica a la crisis.

El 13 de julio se efectuó otra sesión de carácter “extraordinaria”, convocada a petición de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, EE. UU. y Perú, en la que resultó una resolución de condena a los abusos a los derechos humanos en Nicaragua y la demanda de reanudación de una solución pacífica.

El 18 de julio, el Consejo Permanente de la OEA también aprobó una resolución en la que condenó enérgicamente la represión y violencia, demandó el desmantelamiento de grupos armados no identificados y solicitó al Gobierno de Nicaragua que retome su participación en el diálogo de buena fe y acoja un calendario electoral.

El 2 de agosto, la OEA continuó con sus presiones estableciendo la creación de un “Grupo de trabajo para Nicaragua”, durante una sesión extraordinaria que fue solicitada por las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, que también tendría el mandato de dar seguimiento a la situación de la crisis sociopolítica en Nicaragua.

Mientras tanto, tres días después, la Conferencia Episcopal de EE. UU. envió al arzobispo Fimothy Paul Andrew Broglio para respaldar la labor de los obispos de la CEN.

Un mes después de suspendido el diálogo, la ONU emitió un comunicado en el que exhortaba al Gobierno de Nicaragua a “poner fin a la caza de brujas”.

El Gobierno de Nicaragua se atrevió a expulsar el 31 de agosto a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), que dos días antes expuso un informe contundente en el que exponen las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y descartaban el supuesto intento de ‘golpe de Estado’ denunciado por el Gobierno de Nicaragua.

El 5 de septiembre, el Gobierno de EE. UU. llevó hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el tema de la crisis de Nicaragua, resultando opiniones que demandaron el cese de la represión, respeto a los derechos humanos y una pronta solución a la crisis mediante un diálogo.

Siete días después, la OEA reafirmó, en sesión extraordinaria, su condena a la represión y violencia en la resolución sobre “acontecimientos recientes en Nicaragua”. Además, urgió al Gobierno de Nicaragua que investigue las violaciones y abusos documentados en los informes expuestos por organismos internacionales.

OEA llama al dipalogo

El 21 de diciembre volvió a la mesa de la OEA el debate de la crisis de Nicaragua. Ese día, el Consejo Permanente recibió el informe final del GIEI, donde se detallan los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo de 2018.

Seis días después, la OEA volvió a reunirse en sesión extraordinaria, a solicitud de las misiones permanentes de Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos.

La última acción plenaria de la OEA sobre Nicaragua fue la del 11 de enero, cuando el Consejo Permanente analizó en sesión extraordinaria, convocada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que da como resultado el inicio del proceso de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática.

El 24 de enero las presiones internacionales para buscar solución pacífica en Nicaragua continuaban llegando. Ese día arribaron a Nicaragua 11 diputados del Parlamento Europeo.

Además, se conoció que en horas de la noche llegaron dos emisarios del Gobierno de Estados Unidos;  Michael McKinley, asesor superior del secretario de Estado, y Julie Chung, subsecretaria principal adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la OEA. Archivo/END

McKinley y Chung se reunieron con el presidente Daniel Ortega para informarle el continuo apoyo de Washington “a los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua, el retorno a la democracia y la protección de los derechos humanos”.

Veinte días más tarde volvió la presión de la OEA para que el Gobierno de Nicaragua buscara los caminos del diálogo. Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de OEA, Luis Almagro.

Apertura inicial

El 21 de febrero, inesperadamente, el Gobierno comenzó un acercamiento con la oposición, ofreciendo volver a la mesa de negociación, tras la visita de Koncke y la reunión sostenida, el 16 de febrero con empresarios y representantes de la Iglesia católica.

Sin embargo, en esta ocasión los organismos internacionales y la oposición nicaragüense, sentenciaban que la liberación de los manifestantes presos y el restablecimiento de todas las libertades debían anteceder las conversaciones.

Las demandas internacionales fueron incumplidas por el Gobierno, aunque un día antes de las negociaciones, exactamente el 27 de febrero, envió a sus casas a 112 manifestantes apresados, a los que se les otorgó el régimen de casa por cárcel o de convivencia familiar.

Parlamento Europeo. Archivo/END

Después de ocho sesiones entre el Gobierno y la Alianza, cuando se aprobó una ‘hoja de ruta’ para determinar la metodología de las negociaciones, las conversaciones entraron en “impasse”, ya que la Iglesia católica rechazó la solicitud de ser solo acompañante y testigo del diálogo y la oposición decidió reflexionar su continuidad en la mesa de negociación.

El 11 de marzo llegó al país Luis Ángel Rosadilla, quien sostuvo reuniones con representantes de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo el Gobierno y la Alianza Cívica.

Las gestiones de Rosadilla y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, permitieron que se lograra un acuerdo entre la Alianza Cívica y el Gobierno para liberar a parte de los presos y regresar a la mesa del diálogo el jueves 14 de marzo.

La última muestra de presión internacional se dio el 14 de marzo, cuando el Parlamento Europeo con más de la mayoría de sus diputados aprobó una resolución que insta a sus Estados miembros a sancionar individualmente a funcionarios del Gobierno de Nicaragua, elecciones adelantas y libertad de todos los presos políticos para el restablecimiento del diálogo.

Ese día ya estaba nuevamente montada la mesa de negociación, analizando las listas de manifestantes presos que serían liberados, en cuyo encuentro estuvo presente Rosadilla y el nuncio apostólico.