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El diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continúa en impase, porque la delegación oficialista no respondió este martes a la condición que puso la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de marzo, de liberar a los manifestantes presos para que este organismo participe como testigo y acompañante internacional de las negociaciones.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, miembro de la comisión gubernamental en la mesa de negociaciones, afirmó al salir del Incae que “todo va bien”, pese al impase que se ha prolongado desde la semana pasada.

Este martes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró en un tuit la necesidad de excarcelar a los protestantes, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respaldó esta posición en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

La Alianza Cívica informó la mañana de este martes que durante las últimas tres sesiones, los miembros de la organización han trabajado con los diferentes sectores en identificar cinco “puntos fundamentales de agenda”, que a su vez se desglosan en temas específicos.

El primer punto de agenda que establecieron los representantes de la sociedad civil, organizaciones, movimientos y sector privado aglomerados en la Alianza se refiere a las libertades, destacando la excarcelación de los manifestantes, la anulación de todos los juicios y el respeto a todas las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de Nicaragua, de conformidad también con los convenios internacionales suscritos.

La Alianza también impulsaría, como parte del segundo punto fundamental de agenda, el restablecimiento de la democracia con la inclusión del fortalecimiento de la confianza en el sistema electoral y el adelanto de elecciones, mediante la implementación de “recomendaciones u observaciones de las misiones de acompañamiento electoral y otras propuestas de reformas electorales que garanticen procesos libres, justos y transparentes”.

La Alianza Cívica dijo estar lista para reanudar las negociaciones, si el gobierno brinda señales de buena voluntad. Bismarck Picado/END

Asimismo, defenderán como tercer punto fundamental de agenda  la “justicia”, para garantizar que todas las víctimas que murieron en el marco de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 obtengan “verdad, reparación y garantías de no repetición para garantizar la paz, seguridad y el respeto a los derechos humanos en una situación que no conlleve a la impunidad”.

En el cuarto punto, la Alianza propone como parte de la agenda de negociación el establecimiento de “mecanismos de implementación y seguimiento de acuerdos parciales y finales de la negociación, incluyendo gestiones internacionales para apoyo de que estos acuerdos se puedan realizar en el más corto plazo”.

 

 

Como quinto punto establecieron el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH,  extendidas al Gobierno de Nicaragua, el 21 de mayo de 2018.

La Comisión planteó en ese momento 15 puntos, entre los que destacan el cese a la represión, derecho de manifestación, investigación internacional, mecanismos de seguimiento, desmantelamiento de grupos parapoliciales, entre otros aspectos.

“Estamos listos para retomar las negociaciones cuando haya  condiciones propicias, pero hoy por hoy esas condiciones no están dadas. Lo que estamos haciendo es lo que se le pidió a la OEA y al nuncio (Waldemar Stanislaw Sommertag), que sirvan de facilitadores para que el Gobierno dé muestras de voluntad y eso está ligado a la libertad de las personas”, afirmó Azahalea Solís, suplente en las negociaciones que la Alianza sostiene con el Gobierno desde el pasado 27 de febrero.

Solís agregó que “nos alegra mucho que esos dos grupos de personas hayan sido excarceladas, pero todavía hay 700 que siguen prisioneras, pero estas deben ser excarceladas con garantes internacionales”.

Expresó, además, que seguirán del lado de la ciudadanía que sigue ejerciendo presión desde distintas manifestaciones para que haya una solución pacífica.

“Vamos a seguir apoyando a esa ciudadanía que reclama sus derechos, a esa ciudadanía que aún frente a la represión, frente a las amenazas continúa diciendo soy ciudadana, soy ciudadano, tengo derecho a  manifestarme, tengo derecho a opinar”, apuntó Solís.