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  • ACAN-EFE

La agenda consensuada que negociará el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para superar la crisis que estalló hace casi un año marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en el país, dijo este jueves la embajada de Estados Unidos en Nicaragua.

"La agenda de negociación (...) marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en Nicaragua. No hay tiempo que perder. Se necesitan soluciones reales en tiempo real", señaló en un mensaje el embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin K. Sullivan.

El diplomático resaltó el compromiso asumido el miércoles por el Gobierno nicaragüense en la mesa de negociación, que se instaló el 27 de febrero pasado, de "liberar a todos los presos políticos", lo cual calificó como "un paso positivo".

"Deben ser liberados lo antes posible", exclamó en otro mensaje.

Los negociadores del Gobierno y de la oposición acordaron el miércoles en presencia del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y del enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, trabajar una agenda común que será desarrollada con amplitud en la mesa de conversaciones.

La agenda incluye fortalecer la democracia y reformas electorales; reforzar los derechos y garantías ciudadanas y la liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de todos los presos y detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado.

Además, agrega un punto referido al tema de la verdad, justicia y reparación.

Negociadores del diálogo de Nicaragua / Bismarck Picado Por último, se decidió que, de común acuerdo entre las partes, se pedirá en su momento a la comunidad internacional suspender las sanciones “para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retornó hoy a la mesa de negociación debido a la decisión del Gobierno de liberar en un plazo máximo de 90 días a los denominados "presos políticos".

Durante la sesión del miércoles el Ejecutivo nicaragüense se comprometió a cumplir ese punto "de conformidad con el ordenamiento jurídico del país".