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Ante el compromiso que asumió este miércoles el Gobierno de Nicaragua con los miembros de la Alianza Cívica, en el marco de las negociaciones iniciadas el pasado 27 de febrero, de liberar a todos los presos políticos en un plazo “máximo de 90 días”, el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas demandó mediante un comunicado que el plazo sea menor de 15 días.

“La deplorable situación de nuestros familiares en la cárcel exige esfuerzos urgentes. (...) Tres meses es un tiempo excesivo que responde a tácticas dilatorias” del Gobierno de Nicaragua, indica el comunicado.

Asimismo, solicitaron a los miembros de la Alianza que las “negociaciones no inicien hasta que se libere al último preso político, como garantía de cumplimiento del acuerdo. Ningún otro acuerdo puede ser válido y legítimo en tanto no se libere a todas y todos los presos políticos”.

Los miembros del Comité además requirieron a los miembros de la Alianza Cívica que se establezca y se dé a conocer “un calendario y un mecanismo claro de liberación de nuestros familiares, que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Los familiares de los manifestantes apresados insistieron en que la liberación debe pasar por la anulación de los procesos judiciales, pues no apoyarán “ninguna solución que lleve a la impunidad”, pero que la misma liberación debe hacerse en base a la lista del Comité, la cual hasta la fecha reúne 802 manifestantes encarcelados por protestar contra el Gobierno.

Los miembros de la Alianza Cívica explicaron en conferencia de prensa este miércoles, que ellos defenderán este tema en la mesa de negociación, donde compararán la lista del Gobierno con la suya, y la lista de presos que maneja el Comité.

No obstante, el Gobierno ha tildado de falsos los datos presentados por la Alianza y ha dicho que los Sistemas Penitenciarios extenderán sus datos oficiales.

Por otro lado, los representantes del Comité exigieron que además de la presencia de la Cruz Roja Internacional, también se debe incluir al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH y al mismo Comité como “garantes de la liberación de todos y todas las presas políticas”.

Además, en el mismo comunicado, exigieron el restablecimiento de todos los derechos de los nicaragüenses y el cese del hostigamiento, acoso y violencia contra los presos políticos y sus familiares “por parte de la Policía Nacional, paramilitares y cualquier otro mecanismo de represión del régimen”, señala el comunicado de este comité.