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Opiniones desfavorables ha generado entre los abogados penalistas el plazo máximo de 90 días establecido en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para la excarcelación de unos 700 reos que participaron en las protestas antigubernamentales.

La naciente organización de abogados denominado Grupo de Defensa Penal, está integrada por alrededor de medio centenar de profesionales del derecho, considera que el acuerdo sobre la liberación de los presos “viola los derechos y garantías constitucionales porque los términos  del mismo son criterios subjetivos y no criterios objetivos”.

De acuerdo con esta organización gremial, a como están redactados los acuerdos entre el Gobierno y la Alianza Cívica “es posible que no todos los reos sean liberados”, por la manera subjetiva en que están los términos del acuerdo.

Para el abogado Noel Alonso Cano, especialista en derecho penal, el comunicado dado a conocer por las partes dialogantes es “ambiguo”, porque no se establece bajo qué figura jurídica serán excarcelados los manifestantes presos.

A criterio del abogado penalista consultado por El Nuevo Diario, lo que se debería de implementar es la declaratoria de nulidad de todos los procesos por las violaciones a las garantías constitucionales de las que han sido víctima los encarcelados, agregando que la nulidad de los procesos la pueden declarar de oficio los jueces penales.

Por su parte la abogada Aura Alarcón, quien ejerce la defensa de 21 manifestantes acusados por diversos delitos es del criterio que en los casos donde hay sentencia se debería de declarar la nulidad del proceso y en los procesos donde todavía no hay un fallo judicial se puede proceder a declarar la clausura anticipada del proceso, añadiendo que para ello no es necesario esperar 90 días.

‘’De los 21 casos en los que yo defiendo, en 15 de ellos se puede declarar la clausura anticipada del proceso y para ello únicamente basta que el juez convoque a una audiencia especial en un plazo de 24 horas’’, expresó la abogada Alarcón. 

Nulidad obliga a liberar pronto

Por su parte, Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), no ve la lógica que en un período de 90 días se libere a los detenidos por marchar y protestar, considerando que todos los casos deben ser declarados nulos, y que los detenidos sin procesos ya superaron las 48 horas de detención.

Agregó que jurídicamente no entiende por qué tanto tiempo para la liberación porque de seguir los procedimientos, basta con que se consideren las anomalías en los procesos para declararlos nulos.

En segundo lugar, Montenegro señaló que Ministerio Público tiene cuatro acciones a seguir con sus acusaciones: desestimar los casos, declarar la falta de méritos a las acusaciones que no lo tengan o mandar a ampliar las investigaciones, declararlos nulos por violación de los derechos y garantías civiles.