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Ante el compromiso que asumió este miércoles el Gobierno con los miembros de la Alianza Cívica para liberar a todos los manifestantes presos en un plazo máximo de 90 días, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos demandó que la liberación se haga en menos de 15 días y mediante un mecanismo claro.

“La deplorable situación de nuestros familiares en la cárcel exige esfuerzos urgentes. Tres meses es un tiempo excesivo que responde a tácticas dilatorias” del Gobierno de Nicaragua, indicaron a través de un comunicado.

La comunicación agrega que solicitaron a los miembros de la Alianza Cívica que las “negociaciones no inicien hasta que se libere al último preso político, como garantía de cumplimiento del acuerdo. Ningún otro acuerdo puede ser válido y legítimo, en tanto no se libere a todas los presos políticos”.

Los miembros del comité también requirieron a los miembros de la Alianza Cívica que se establezca y se dé a conocer “un calendario y un mecanismo claro de liberación de nuestros familiares, que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Los miembros de la Alianza Cívica explicaron en conferencia de prensa este miércoles, que ellos defenderán este tema en la mesa de negociación, donde compararán la lista del Gobierno con la suya y la lista de presos que maneja el comité.

Anulación de juicios

Los familiares de los manifestantes apresados insistieron en que la liberación debe pasar por la anulación de los procesos judiciales, pues no apoyarán “ninguna solución que lleve a la impunidad”, pero que la misma liberación debe hacerse en base a la lista del comité, la cual hasta la fecha reúne a 802 manifestantes encarcelados por protestar contra el Gobierno.

No obstante, el Gobierno ha tildado de falsos los datos presentados por la Alianza y ha dicho que los Sistemas Penitenciarios extenderán sus datos oficiales.

Por otro lado, los representantes del comité exigieron que además de la presencia de la Cruz Roja Internacional, también se debe incluir al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH y al mismo comité como “garantes de la liberación de todos y todas las presas políticas”.

En el mismo comunicado exigieron el restablecimiento de todos los derechos de los nicaragüenses y el cese del hostigamiento, acoso y violencia contra los manifestantes presos y sus familiares “por parte de la Policía Nacional, paramilitares y cualquier otro mecanismo de represión del régimen”.

La expresidenta del clausurado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, coincide con los familiares de los manifestantes presos. A su criterio, la libertad de estos debe ser inmediata.

“Estoy triste, confundida y furiosa. Veo a nuestros presos políticos como fichas de intercambio. Serán rehenes escogidos uno a uno mientas se discuten los puntos de agenda?”, se preguntó Núñez, quien a su vez lamenta que las madres de los detenidos continúen sumidas en la desesperación.

“Es urgente que diseñen y expliquen, no podemos seguir imaginando la repetición de los horrores que ya vivimos, no podemos aceptar una tortura por 90 días”, indicó la activista de derechos humanos mediante un mensaje de texto enviado a El Nuevo Diario.

Suficiente tiempo de restricciones y deterioro de la salud

Rafael Lara

Un grupo de familiares de detenidos por las protestas afirmaron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos que los manifestantes presos no pueden seguir más tiempo en la cárcel.

Noel Ubau, primo de la periodista Lucía Pineda Ubau, señaló que ya han sido suficientes los meses de restricciones, deterioro de salud, falta de atención médica especializada y falta de alimentación adecuada.

“El 11 de marzo Lucía fue valorada por una pediatra del Instituto de Medicina Legal, y a pesar de presentar una infección en las vías urinarias, la pediatra dijo que estaba bien de salud y no solicitó más exámenes”, expresó.

“Hago un llamado a los negociadores en la mesa de diálogo para que consideren esas condiciones de los presos y les recuerdo que los derechos humanos no son negociables”, comentó Ubau.

Amparo Baltodano, hermana de Ricardo Baltodano, señaló que su familiar tiene poco más de 60 años y no le permiten ingresar medicamentos. 

Agregó que es muy triste ir al penal La Modelo para recibir malos tratos, humillaciones de los funcionarios del lugar y todavía con una serie de restricciones para ver a su pariente.

Mariela de los Ángeles Montalbán, familiar de Wilfredo Brenes, indicó no hay una justificación jurídica por la cual se impida la excarcelación inmediata y se quejó de que nadie tomó en cuenta a los familiares de los presos antes de decidir sobre el plazo para ser liberados.