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La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), emitió este viernes una declaración en la que demandan el cese de la represión en Nicaragua, la pronta liberación de los manifestantes detenidos y elecciones anticipadas a la brevedad posible.

“Han transcurrido once meses desde la rebelión nacional del 18 de Abril de 2018 y la grave crisis en Nicaragua continúa profundizándose (…) Exigimos el cese de la represión de las fuerzas gubernamentales contra la población desarmada”, demanda la UPLA en la parte medular de su declaración, aprobada durante una Asamblea General Extraordinaria.

Esta organización que tiene una creciente influencia en la región y cuenta con 20 partidos miembros de 16 países del continente, insta a los actores políticos nicaragüenses a “acordar elecciones anticipadas” en un corto periodo de tiempo.

“A realizarse a la brevedad, de presidente de la República o de Asamblea Nacional Constituyente, previo la puesta en práctica de las reformas electorales acordadas con la OEA (Organización de Estados Americanos) y el nombramiento de un Consejo Supremo Electoral confiable para todos los sectores”, señala la declaración.

Por otro lado, la UPLA demandó “justicia para los responsables de los muertos y heridos”, y exige “rendición de cuentas” de todas las instituciones que administraron fondos de la cooperación petrolera venezolana a partir de 2007.

La UPLA es una organización de partidos y movimientos políticos de centroderecha de América Latina. Fue creada en 1992 con la finalidad de promover y defender la democracia y la libertad en los países de América Latina.

Al 15 de febrero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde la represión a las protestas iniciadas el 18 de abril contabiliza 325 personas fallecidas, de las cuales 21 serían policías y 24 niñas, niños y adolescentes; y más de 2,000 personas heridas.

Personas que han sido detenidas por protestar en Nicaragua / END En este contexto, también se registra un total de 777 personas detenidas y enjuiciadas según cifras aportadas por la sociedad civil; el despido de 300 profesionales de la salud; y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de universidades púbicas. 

Finalmente, la UPLA apoya el retorno a Nicaragua de los organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidos.