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  • AFP

Dos organizaciones denunciaron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la "revictimización" que sufren nicaragüenses que huyen de la violencia política en su país y que resultan apresados por las autoridades migratorias en Estados Unidos o que son deportados y vuelven a ser encarcelados.

La denuncia fue planteada en el marco de una audiencia de la CIDH sobre Nicaragua, después de que el jueves este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su reporte anual en el que colocó al país centroamericano en la lista negra de violaciones a los derechos humanos por la represión de la ola de protestas de 2018.

Anita Wells, que participa en la recién creada plataforma Alianza Nicaragüense-Estadounidense por los Derechos Humanos (NAHRA por sus siglas en inglés) -dirigida a seguir la situación de los refugiados nicaragüenses en Estados Unidos-, denunció una "crisis humanitaria".

"Tenemos más de 200 detenidos en centros de reclusión en Estados Unidos, esa es una cifra que ya está constatada, tenemos muchos más", dijo a medios de comunicación la activista de 64 años, que también integra la asociación Abuelanica. 

Para Wells, "estas personas están siendo victimizadas dos veces porque vienen escapando de cárceles horribles en Nicaragua, de torturas espantosas".     

La ola de manifestaciones en Nicaragua, que comenzó como un movimiento contra una reforma de la seguridad social y derivó en una etapa de protesta más amplia contra el gobierno, fue duramente reprimida con un saldo de 325 muertos, 2,000 heridos y decena de miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.

Fernando Sánchez, un estudiante de 20 años que preside la organización Liderazgo Juvenil Nicaragüense, denunció que hay "cientos de casos en todos los estados de Estados Unidos" de refugiados en detención.

Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH Sánchez, que lleva seis meses en Estados Unidos y tiene su solicitud de asilo en trámite, relató que muchas personas sin recursos que huyen del país por haber participado en las protestas, se enfrentan a fianzas de entre 5,000 y 15,000 dólares imposibles de pagar. 

"Es increíble que tengan que estar retenidas en una cárcel de migración esperando cortes (tribunal)", contó el líder estudiantil, quien se presentó vestido con una camisa blanca y un pañuelo con los colores de la bandera de Nicaragua al cuello. 

Vender la casa para pagar al abogado

Según Sánchez, un abogado puede cobrar entre 3,000 a 8,000 dólares, lo que está fuera del alcance de estas personas.

Wells dijo a la AFP que muchos familiares están vendiendo sus casas, sus coches o sus granjas en Nicaragua para pagar un abogado y salvarles la vida. 

"Hace dos semanas, 90 personas fueron deportadas a Nicaragua, de este grupo hoy 12 están en la cárcel del Chipote", denunció la activista. 

Wells contó que en un principio fue una entusiasta partidaria de la Revolución Nicaragüense, que derrocó en 1979 la dictadura de Anastasio Somoza y que tras estudiar en Guatemala regresó al país junto a su marido para "reconstruir la patria". 

"Yo regresé a Nicaragua a reconstruir y cuando vimos el sistema que estaban instaurando, incluyendo que mi niño de siete años tuvo que tener permiso de todo mi comité de barrio para poder sacarlo del país, decidimos partir", contó. 

"Quebraron mi sueño de reconstruir nuestra patria, me robó mi patria", se lamentó la activista que señaló que durante el gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1990) en Estados Unidos a los nicaragüenses se les otorgó un estatuto especial y hubo una moratoria de las deportaciones. 

Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH, dijo a medios de comunicación que recibieron una denuncia el jueves y otra este viernes.  

"Nosotros primero tenemos que recolectar bien la información, tener claro de cuántos casos estamos hablando, de qué condiciones, pedir la información al Estado de Estados Unidos, antes de tomar cualquier medida", explicó.