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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de Nicaragua a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para garantizar que los delitos de “lesa humanidad” cometidos en el contexto de la crisis iniciada en abril de 2018, no queden en la impunidad.

Según la CIDH, ratificar el Estatuto de Roma sería una garantía para lograr que no se vuelva a repetir el mismo patrón de graves violaciones de derechos humanos, que dejaron al menos 325 fallecidos en el país, serviría “como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018”, refieren en su parte medular las recomendaciones que hizo este organismo internacional al Estado nicaragüense.

La Corte Penal Internacional es el órgano judicial permanente encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Marcha ciudadana con pancarta de Álvaro Conrado, cuya muerte en abril aún no ha sido investigada. Bismarck Picado/END

La ratificación universal del Estatuto que la establece, según datos de Amnistía Internacional, supondría el compromiso global de lucha por la justicia internacional “que no dejaría ni una sola opción de escapar de la exigencia de responsabilidad penal a los perpetradores de estos crímenes”.

Hasta ahora un total de 123 países han suscrito este tratado internacional, que fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998. Además de Nicaragua, entre los países latinoamericanos que no ratifican el convenio mundial solo está Cuba.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un mecanismo de trabajo instalado en el país para realizar una investigación que abarcó un periodo de entre el 18 de abril y el 30 de mayo, determinó que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas en abril de 2018.

Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua. Archivo/ END

En su momento, los investigadores del GIEI advirtieron que ese tipo de delitos no tienen prescripción y que los responsables no pueden beneficiarse de una amnistía.

La CIDH también exhortó al Estado a que proceda a “ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación”, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

MEDIDAS SIN EFECTO

La recomendación está contenida en el Informe Anual 2018 presentado esta semana por la CIDH, en la que se describen las graves violaciones de derechos humanos, y se pone en esta materia, a Nicaragua junto a Cuba y Venezuela por la instalación “de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno”.

Para evitar que se vuelvan a repetir los hechos de violencia, la CIDH recomienda al Estado desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando “grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil”.

Asimismo, el Estado debe estar comprometido a cesar de inmediato la detención arbitraria como forma de represalia contra quienes manifiestan una posición crítica al Gobierno, defensoras de derechos humanos y líderes sociales.

Por otro lado, señalan que se debe dejar  sin efecto todas las medidas que obstaculizan el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión y asociación.

El informe confirma que el Estado cometió “violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos” garantizados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables.