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Los negociadores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) informaron este viernes que han enviado la invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que acompañe y apoye todo el proceso de liberación de manifestantes.

La Alianza explicó que el mecanismo de seguimiento del proceso de liberación de presos iniciará con la conciliación y actualización de las listas del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la (ACJD).

Al finalizar este viernes la décima segunda sesión de negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica, ambas partes informaron que continúan trabajando en el mecanismo de liberación de presos políticos.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, afirmó que este organismo tiene en sus listas un total de 647 manifestantes presos y que eventualmente esta sería la cantidad de personas que el Gobierno se comprometió a liberar en un plazo máximo de 90 días.

El representante de la CIDH señaló que previo al anuncio que se hizo esta semana sobre la liberación de los manifestantes detenidos, este organismo recibió una solicitud de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de prestar el listado, y de esa forma fue facilitado para ser analizado en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“La lista era más larga, pero fue reducida y es el resultado de un registro semanal con datos de las organizaciones civiles; pueden existir otras listas (…) Lo importante es recordar que la obligación es del Estado de analizar esa información de manera transparente”, explicó Abrão.

Esa lista, según el Secretario Ejecutivo, no incluye a las 150 personas que fueron excarceladas en dos ocasiones, el pasado 27 de febrero y el 15 de marzo.

El Gobierno, hasta el momento, no ha presentado la lista de presos que maneja.

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la mesa de negociación en representación de la Alianza, afirmó que esta organización tiene registrados 647 manifestantes apresados, además de 165 que fueron excarcelados el 27 de febrero y el 15 de marzo.

Carlos Tünnermann y Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica. Bismarck Picado/END

En la sesión de negociación de este viernes, el Gobierno y la Alianza se comprometieron a que en el marco de un acuerdo se dará seguimiento al proceso de liberación de las personas presas y detenidas a partir del 18 de abril de 2018.

45 REOS EN MÁXIMA SEGURIDAD

Chamorro aseguró que entre los detenidos "hay 45 personas en las celdas de máxima seguridad y en El Infiernillo; por ellos estamos abogando a que se les aplique el régimen común, es decir, que sean llevados a celdas comunes, pero no para que pierdan su condición de preso político, sino, para que puedan tener mejores condiciones”.

“Hay presos que han estado incomunicados desde que entraron; entonces, estamos abogando por ellos. En la mesa de negociación el Gobierno ya acordó solicitar que los privados de libertad reciban esa condición, mientras inicia el proceso de liberación”, informó.

El jurista Carlos Tünnermann, titular de la mesa de negociación por la Alianza, hizo hincapié en que ambas partes acordaron que los privados de libertad sean ubicados en un régimen común.

Tunnermann señaló también que "estar bajo el régimen común" no significa que los reos políticos dejaran de tener esa calidad, sino que los tratos dejarán de ser diferenciados, que los manifestantes apresados tendrán que ser sacados de esas celdas de castigo en las que permanecen y se les permitirá estar, durante este proceso de liberación, en celdas comunes.

Dentro del cambio en el trato que se les da en los sistemas penitenciarios a los presos políticos, también se establece que se observen las reglas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de privados de libertad, y se acordó solicitar que se les permita visitas en situaciones especiales y de emergencia.

CIDH ESTÁ PENDIENTE

Para Abrão, la naturaleza jurídica de esas liberaciones todavía “no está clara”.

La comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua de la CIDH, insistió en la necesidad de establecer un cronograma “claro y transparente”, para proceder a la liberación de los manifestantes detenidos.

“No nos podemos pronunciar sobre el plazo, pero sí es cierto que para quienes están privados de libertad 90 días es mucho tiempo, son tres meses, nos parece importante tratar de establecer un cronograma, ojalá más acotado, pero sobretodo nos parece que tiene que ser un cronograma muy claro y transparente sobre cómo va a ser ese proceso de excarcelación y bajo qué condiciones los presos van ser liberados”, agregó Urrejola.

En un contexto donde se desarrolla un diálogo, enfatizó la comisionada Urrejola, es muy importante que estas personas sean puestas bajo “libertad absoluta”.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH revalidó su disposición de continuar prestando asistencia técnica, inclusive para conocer la situación procesal de cada uno de los manifestantes.

Es importante, según Abrão, verificar la “integridad física” de las personas al momento que salgan de prisión, para generar posteriormente las garantías que  permitan alcanzar una “reparación integral”.

Visita en la cárcel de mujeres La Esperanza. Bismarck Picado/END

“En todos los procesos históricos, cuando pasan situaciones masivas de violaciones de derechos humanos, es importante escuchar los relatos que ahí vivieron, de las condiciones carcelarias; identificar si hay algún tipo de denuncia específica”, puntualizó Abrão.

"Es un gran logro que el Gobierno se haya comprometido, en la carta que enviaron a la OEA, a liberar a las personas que registra la CIDH como presos políticos, pues, nosotros tenemos una lista muy parecida a la de la CIDH", manifestó Juan Sebastián Chamorro.

OEA COMO TESTIGO

Otro acuerdo de la décima segunda sesión del diálogo consistió en incorporar oficialmente a Luis Ángel Rosadilla como testigo y acompañante internacional, en representación de la secretaria general de la OEA, mientras se aborda cómo esta organización podrá asumir la función de garante, la que se había planteado desde un inicio.

tro de los temas acordados fue la programación de una agenda de discusión para la próxima semana, en la que se abordará el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas.

A propósito del tema, la Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó un llamado a nuevas protestas, en forma de “piquetes”.

"Nosotros no podemos estar en contra de lo consignado en la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 54, pues la población está en su derecho, precisamente, eso va a estar en discusión el lunes, es un tema principal de agenda, hablaremos de esa garantía ciudadana. Entonces, con relación a los piquetes que fueron convocados por la Unidad Nacional, nosotros somos parte y respetamos la convocatoria", dijo Chamorro.