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A través de una misiva enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo, el senador demócrata Bob Menéndez sugiere que los acuerdos militares de Nicaragua, Venezuela y Cuba podrían ser objeto de sanciones según la Ley Contra los Adversarios Mediante Sanciones (Caatsa, por sus siglas en inglés), norma jurídica que fue aprobada en 2017 por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump.

Menéndez menciona a Pompeo un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), la institución de espionaje militar de EE. UU., que los senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado pidieron tras el arribo de dos aviones militares y unos cien soldados rusos a Venezuela, este fin de semana.

“Los reportes indican que Rusia es el principal socio de seguridad para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Le solicito que comparta su evaluación general de forma clasificada, si es necesario, sobre cualquier transacción efectuada y que sea objeto de sanciones, entre la Federación de Rusia y los tres países”, pide Menéndez a Pompeo.

Posteriormente, mencionan los acuerdos militares de los tres países latinoamericanos con Rusia, por lo que pide analizar la aplicación de sanciones bajo la figura de Caatsa y que prevé castigar cualquier transacción militar que terceros países se realicen con Rusia, Corea del Norte o Irán.

Transacciones cuestionadas

El senador estadounidense dijo que en las transacciones militares y de inteligencia mencionadas, Rusia envió a Nicaragua, Cuba y Venezuela equipos, tanques, transporte aéreo, helicópteros de ataque y otros medios.

A juicio del senador, hay tres acuerdos militares entre estos países y Rusia que podrían desencadenar las sanciones: con Venezuela las transacciones consisten en la entrega de 10 helicópteros de ataque Mi-35M2, y con Cuba hay un préstamo por US$50 millones para comprar armamento militar y repuestos.

En el caso concreto de Nicaragua se analizaría la compra de 50 tanques T-22; dos aviones de transporte AN-26 y 15 equipos blindados BTR-70M, que empezaron a ser adquiridos por el Gobierno en el año 2016.

Experto: giro geoestratégico

El exdiplomático Mauricio Díaz sostiene que la postura planteada por Menéndez responde también a una situación de seguridad para Estados Unidos.

“Este tema es otro nivel (de la crisis) porque tiene que ver con una situación geoestratégica, geomilitar, vinculada con la seguridad de los norteamericanos y nos están metiendo en un mismo bolsón con Caracas y La Habana”, manifestó Díaz.

Desde que el presidente Daniel Ortega retornó a la Presidencia en 2007, los lazos de cooperación entre Rusia y Nicaragua adquirieron nuevos bríos.

Aparte de la compra de armamento, la cooperación con Rusia involucra también la instalación en Nicaragua de una estación terrestre de monitoreo del Sistema Global de Navegación por Satélite (Glonass) y una escuela de capacitación policial especializada en temas de crimen organizado.

En este sentido, Díaz considera que “la Federación Rusa ha tenido una política de apoyo a este Gobierno (de Nicaragua) en todos los campos, desde donar buses, trigo u otras cosas”, pero además, señala que debido a la discrecionalidad con la que suelen manejarse estas relaciones generan muchas suspicacias.

Bob Menéndez, senador democrático. Archivo/END

El exdiplomático valora que los ojos de Washington están focalizados hacia Nicaragua para tratar de encontrar una salida a la crisis política del país.

“Pareciera que todos los cañones se están dirigiendo hacia Managua. Imagino que tendrá que ver con el cúmulo de presiones internacionales para lograr una salida política y negociada que pasaría necesariamente por el adelanto de las elecciones”, concluyó Díaz.

Otras sanciones

La Eurocámara urgió a mediados de este me a la Unión Europea (UE) a adoptar “un proceso escalonado de sanciones” contra el Gobierno de Nicaragua hasta que se restablezcan “plenamente” los “derechos humanos y libertades fundamentales”.

Por 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados reclaman además a Managua “la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión (...) y el retorno de las organizaciones internacionales al país”.

En diciembre pasado, el presidente Donald Trump firmó la ley conocida como Nica Act, que impone duras sanciones económicas y políticas al Gobierno nicaragüense.

Funcionarios específicos del Gobierno de Nicaragua también han sido sancionados a través de la La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos y por el Departamento del Tesoro.