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El gobierno firmó un acuerdo que tiene como objetivo “proceder a la liberación definitiva” de los manifestantes encarcelados tras el estallido de las protestas en Nicaragua, el 18 de abril del año pasado.

El plazo acordado es de 90 días a partir del 20 de marzo.

Un documento que cuenta con la firma de los seis representantes del gobierno en el diálogo, así como la de los miembros de la Alianza Cívica, el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag y el enviado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, indica que el propósito es cerrar por completo la situación jurídica de los manifestantes.

El compromiso está incluido en el “Acuerdo para la facilitación del proceso de facilitación de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito”.

El convenio agrega que será la Cruz Roja Internacional la institución encargada de facilitar “la liberación en cuestión y contribuirá con su seguimiento”.

Todo el proceso definitivo de liberación de los manifestantes será acordado entre el gobierno, la Alianza Cívica y la Cruz Roja, agrega este acuerdo.

Miembros de la Alianza Cívica al brindar una conferencia sobre los acuerdos alcanzados este viernes con el gobierno de Nicaragua. Jorge Ortega/ END

El rol de la Cruz Roja, según lo acordado, será clave para “revisar y conciliar” las listas de los protestantes en prisión.
El convenio, dijeron las partes, podrá ser ampliado y modificado.

Derechos y garantías ciudadanas

En la sesión de este viernes, las partes firmaron otro acuerdo, relativo a fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, el cual contiene 18 puntos.

Este acuerdo incluye el compromiso del Estado a respetar una serie de derechos ciudadanos, incluido el de no pasar detenido por más de 48 horas, que no existan detenciones arbitrarias y que los allanamientos sean entre la 6 am y la 6 pm.

El punto 6 de este convenio indica que todos los nicaragüenses en el exterior, incluidos los que abandonaron Nicaragua tras el estallido de la crisis, podrán retornar “con plenas garantías y seguridad personal y familiar”.

En tanto, el punto 7 indica que no se requiere permiso previo para le derecho a manifestación pacífica, sin que se afecte el tránsito. También señala que se reconoce el uso irrestricto y respetuoso de la Bandera de Nicaragua.

Además, el Estado se compromete a revisar la anulación de personerías jurídicas a una serie de ONG, a las cuales se les regresarían todos sus bienes.

Tomando en cuenta que los universitarios lideraron las protestas, en el punto 12 el acuerdo sostiene que se “fortalecerá el ejercicio pleno de la autonomía universitaria”.

Los puntos 4 y 5 de este acuerdo instan a la Policía Nacional a “asegurar el desarme” delos civiles armados (conocidos como parapolicías), cumplir con el registro y marcaje del armamento, y ajustar sus normas de actuación.

El comunicado del diálogo:

Al final, el gobierno y la Alianza Cívica emitieron el décimo comunicado, el cual señala que el Nuncio Apostólico y el enviado de la OEA serán “garantes  internacionales de la implementación” del “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito.”

El Nuevo Diario comparte íntegro el comunicado divulgado este viernes en el diálogo de Nicaragua:
El día de hoy, viernes 29 de marzo del 2019, se celebró la decimo octava sesión de negociación en el campus del INCAE.  Se realizaron las siguientes actividades y se llegó a los acuerdos:

1.    Se invitó a los Testigos y Acompañantes Internacionales, Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, representante de Su Santidad el Papa Francisco en Nicaragua y Señor Luis Angel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para que funjan como garantes  internacionales de la implementación del “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito.”   La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría de Estado de la Santa Sede han aceptado oficialmente la invitación.

Foto de archivo del primer día de la mesa de diálogo instalada el 27 de febrero en el Incae. Archivo/ END

2.    Se recibió correspondencia con fecha 29 de marzo de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central en la que confirma la “plena disposición del CICR de facilitar el proceso de liberación en el marco del “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito”, firmado el 27 de marzo del 2019 entre el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN)  y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.”  El CICR expresó estar “atentos a recibir de las Partes las listas de personas privadas de la libertad contempladas bajo el Acuerdo.” 

3.    La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos confirmó su disposición y aceptación de retomar las labores relacionadas con el Proyecto de Reformas y Fortalecimiento al Proceso Electoral.  Ha designado al Sr. Cristóbal Fernández, Jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral  del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), como Coordinador de los trabajos en materia electoral.

Carlos Tünnermann, al llegar esta mañana al Incae. Jorge Ortega/ END

4.    En el caso de los imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía, se hará un Acuerdo Político para el cierre definitivo de sus causas.  Se aprueba invitar a los Testigos y Acompañantes Internacionales antes referidos como garantes internacionales de la implementación de dicho acuerdo político.

5.    En el contexto del presente acuerdo, las partes de la Mesa de Negociación definirán los mecanismos que permitan la liberación definitiva en cada caso y del seguimiento y verificación al cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas liberadas. Para tal fin suscribirán un protocolo de garantías de seguridad de los liberados que definirá las autoridades encargadas de su seguimiento y los organismos que les apoyarán en ese objetivo. En caso de necesidad, las partes, de común acuerdo, solicitarán el apoyo nacional e internacional que se requiera. 

6.    Se aprobó el “Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas”, relacionado con el primer punto de la agenda de la Negociación.

7.    Los textos del “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito” así como el  “Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas” serán divulgados electrónicamente.

La negociación se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto.

Managua, viernes 29 de marzo del 2019.