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Tras el acuerdo alcanzado por la Alianza Cívica y el Gobierno, comprometiéndose a la “liberación definitiva” de los manifestantes, mediante la “conciliación” de las listas, toma mayor relevancia identificar las diferencias entre un reo común y otro que está tras las rejas por motivos políticos.

El doctor Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dice que no menos de 850 personas están en las cárceles por protestar contra el Gobierno de Nicaragua; pero el Gobierno, la Alianza Cívica y otras organizaciones nacionales e internacionales tienen diferencias en cuanto al número de detenidos.

Esta falta de consenso en el número representa un primer obstáculo para la liberación de estas personas.

El nuncio Waldemar Sommertag visitó en el contexto del diálogo a manifestantes detenidos. Cortesía/ENDEl acuerdo alcanzado el viernes entre el gobierno y la Alianza Cívica, se indica que será la Cruz Roja Internacional la instancia encargada de “conciliar” las listas presentadas por la Alianza Cívica y el gobierno.

Al hacer un recuento de las listas que se conocen hasta ahora, Montenegro sabe que se trata de un trabajo monumental, sobre todo si no se detienen las capturas contra los pobladores inconformes con el Gobierno.

“La situación es compleja y la respuesta no es tan fácil, porque esto tiene que ver con voluntades. Y una voluntad que debería estar expresa es que se detenga este tipo de detenciones contra personas que de alguna manera han participado en las protestas cívicas, como es el caso de Einer López y Bryan Alemán, que después de haber sido liberados fueron detenidos nuevamente y (a pesar que volvieron a ser liberados) son procesados por delitos comunes”, explicó el coordinador del área de defensoría de la CPDH.

LO COMPLICADO: FALTA DE VOLUNTAD

Tener una lista final resulta complicado porque a diario llegan a la CPDH denuncias de capturas, mientras en las redes sociales también se detallan más casos que no llegan a denunciarse y hay que verificarlos.

La CPDH tiene en sus registros del primero de enero al 7 de marzo, un total de 96 denuncias por detenciones de personas que participaron en las marchas o apoyaron las protestas.

Montenegro comentó que la Alianza Cívica pidió el apoyo de CPDH para la depuración y confirmación de la lista de detenidos.

Recordó que el Gobierno, a través de una comisión nombrada por la Asamblea Nacional, tiene un listado mucho menor de detenidos: 261 en total; en comparación con la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que trabaja con un reporte de 647 detenidos; pero también está la lista que de la Alianza Cívica, con 794 casos y la misma CPDH registra 850.

La CPDH señaló que cotejaron las listas y están verificando los nombres en cada una. Revisan, corrigen nombres y apellidos mal escritos o incompletos, y en la parte final incorporaron los nombres que no aparecían.

Hay denuncias de maltrato y golpizas a los detenidos. Nayira Valenzuela/END“Hay intereses contrapuestos en el listado del Gobierno, pero lo que a nosotros nos corresponde es la defensa de los derechos humanos. Desconozco por qué la comisión de la Asamblea Nacional tiene una estadística mucho menor, pero al fin y al cabo, las personas que tenemos plasmadas aquí, no son fantasmas. Son personas concretas, detenidas y reportadas por los familiares”, sostuvo el doctor Montenegro.

Por su parte, el doctor Pablo Cuevas, del área de asesoría legal y denuncias de la CPDH, dijo que como organización de derechos humanos tienen prestigio por su seriedad, actúan a petición de parte y tienen ciertos parámetros y un diseño metodológico para constatar la autenticidad de las denuncias, así también hay requisitos que el denunciante debe cumplir para corroborar la denuncia, comenzando con la cédula de identidad.

DEFINICIÓN DE CASO POLÍTICO

“En el Código Penal no existe el término preso político, sin embargo esta es una definición que se da a la persona perseguida por los órganos policiales por haber mostrado inconformidad a las políticas gubernamentales y es víctima cuando las instituciones actúan al margen de lo establecido en la ley y las normas que rigen el proceder institucional”, comentó Cuevas.

El abogado señaló que según, el relato de los hechos, se hace un análisis a través de herramientas jurídicas, siendo uno de los ítems principales el porqué de la detención.

Yubrank Suazo, líder de las protestas de Masaya. Ernesto García/END

Se considera un caso como “político” cuando le víctima se manifestó en defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia, libertad de expresión o de la necesidad de informar o estar informado, así también por la libertad de reunión o asociación, entre otros derechos fundamentales.

Además, se constata si la detención se hizo violando garantías establecidas en el artículo 33 de la Constitución Política, o los compromisos, protocolos y convenios en derechos humanos nacionales o internacionales.

Si estas garantías fueron violentadas por las autoridades y las motivación de la víctima es la lucha de sus derechos, estamos frente a lo que se denomina “preso político”, dice Montenegro.

Cuevas destalló que regularmente la detención de manifestantes es resultado de procedimientos claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con las motivaciones políticas o partidarias de las autoridades.

NO HAY DELITO POLÍTICO, POR ESO ACUSAN POR DELITOS COMUNES

A la vez, el abogado destacó que no existen delitos políticos, pero se utilizan faltas y delitos comunes para criminalizar a quienes protestan o se manifiestan en contra de las políticas gubernamentales.

En el caso de Nicaragua, el Estado acusa a los manifestantes con delitos recurrentes: terrorismo, obstrucción de servicios básicos, financiamiento del terrorismo y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, como una forma de estrategia para invisibilizar el carácter político, también se acusa por robo, amenazas de muerte, asesinado y hasta narcotráfico, explicó Cuevas.

PRUEBAS CONTRA ACUSACIÓN POLITIZADA

Para poner a una persona en la lista de presos políticos se considera “su participación en las manifestaciones y apoyo a las marchas contra el Gobierno, o reclamar derechos civiles y políticos”, explicó Cuevas.

“Uno de los antecedentes es que por reclamar tus derechos civiles te capturen sin que las autoridades sigan los procedimientos establecidos, te torturen con golpes, intimidación sicológica, amenazas; y cuando interpones un recurso de exhibición personal, no lo acaten”, agrega.

Cuevas indica que todas las causas en su lista están respaldadas con denuncias.

Ante las violaciones de los derechos ciudadanos y constitucionales, el doctor Montenegro basa el precepto jurídico de que dado los vicios procesales, los procesos contra los manifestantes jurídicamente son nulos y por eso deben ser liberados a lo inmediato.

Aseguró que esto incluye a los liberados en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica, ya que están bajo medidas alternas como casa por cárcel, presentación periódica ante la autoridad y restricción migratoria, entre otras medidas que deben ser anuladas para considerar la total libertad.

SITUACIÓN DE LOS LIBERADOS

“Tenemos pendiente que se resuelva la situación de 850 personas, entre ellas, 150 que han salido con medidas cautelares, estos casos se pueden activar en cualquier momento y si el Gobierno así lo requiere, todos podrían regresar al Sistema Penitenciario Nacional”, argumentó el doctor Montenegro.

El abogado defensor comentó que el Gobierno, para mostrar verdadera buena voluntad, no debería estar esperando listados para efectuar las liberaciones, pues hay causas que tiene entre 10 a 15 procesados.

Entre los ejemplos de casos con múltiples procesados están los de Tipitapa, con 12 acusados; Sébaco, con 9 adultos y 2 adolescentes; el de la Divina Misericordia y otro en León.

Se trata de unas diez causas en las cuales se procesan a unas 120 o 130 personas, dijo Cuevas.

“A esto se agrega que hay un recuento de 42 causas suspendidas, solo entre los casos que lleva la CPDH, que sumados a los llevados por abogados independientes, pueden llegar a ser 60 causas suspendidas, con más de un centenar de personas en estas. Hay que tomar en cuenta que la suspensión no significa que a las personas procesadas se les cerró el caso. En realidad, la suspensión es un limbo jurídico y pueden ser despertadas en cualquier momento, por lo tanto, si hay voluntad de liberación, que comiencen con la nulidad absoluta de todos estos casos y para eso no se necesitan tres meses”, dijo Montenegro.

¿Cuántos manifestantes presos hay? Responder a la pregunta es el próximo paso en el diálogo. Archivo7ENDEl jurista concluyó argumentando que si hay casos con elementos convincentes de un delito común, esto debe seguir los procedimientos establecidos, tomando en cuenta que el artículo 34 de la Constitución dicta que toda persona “tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad ante la ley”.