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El Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas, firmado este viernes en la decimosexta sesión del diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, indica que se van a revisar las decisiones en el contexto de las protestas que estén relacionadas con la ocupación y retención de los bienes, instalaciones, activos, licencias y cualquier otro bien material e inmaterial de los medios de comunicación.

A la vez, se indica que el Estado procurará agilizar los procesos judiciales para devolver a sus dueños estos medios ocupados.

El Gobierno de Nicaragua también acordó garantizar la importación y entrega de papel, maquinaria, equipos, repuestos y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos.

Por otra parte, el punto 8 de este acuerdo de garantías constitucionales, expresa que se revisará el caso de la cancelación de personería jurídica a organizaciones no gubernamentales.

Y el punto 3 expresa un compromiso para “garantizar el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad”.

CASO DE MEDIOS

La Dirección General de Aduanas (DGA) tiene seis meses sin resolver las peticiones de los medios de comunicación, como El Nuevo Diario, para que se les entregue la materia prima por la cual ya han pagado y que ha sido retenida sin ningún fundamento desde el 6 de septiembre de 2018.

Entre el 25 de septiembre de 2018 y el 26 de marzo de este año, El Nuevo Diario ha hecho varias gestiones, que cuentan con el recibido formal de la DGA, pero sin ninguna solución.

Además, se tiene ocupado el Canal 100% Noticias, cuyo director y jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda, están encarcelados, del mismo modo se allanaron las instalaciones de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien está en el exilio.

El representante de la Alianza Cívica, Mario Arana, manifestó el viernes después del comunicado conjunto de la mesa de negociación que "los medios de comunicación van a jugar un papel muy efectivo en la implementación, para asegurar que le damos el seguimiento a estos acuerdos y se vuelve un instrumento vivo de reconciliación y de solución  a la crisis en la que el país se ha visto sumida".

OENEGÉS Y TOMATIERRAS

Por otra parte, en diciembre la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica a varias organizaciones, entre ellas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Según lo firmado el viernes, el Estado se comprometió a revisar la cancelación de las personerías jurídicas y a devolver los bienes ocupados a las ONG.

Son más de una decena de ONG las que perdieron su personería jurídica en Nicaragua, en el contexto de la crisis.

LAS TOMAS DE TIERRA

Por su parte, la Unión Nacional de Productores de Nicaragua (Upanic) denunció en junio la invasión de 9,800 manzanas de propiedades privadas.

En diciembre, solo 4,320 manzanas habían sido recuperadas por sus legítimos dueños y quedaban más de 5,000 manzanas en poder de precaristas.

Juan Sebastián Chamorro, representante de la Alianza Cívica, manifestó al finalizar la sesión que "muchos de estos elementos contenidos en los acuerdos están en la Constitución Política de Nicaragua, lo que ha pasado es que los derechos humanos de los nicaragüenses han sido secuestrados, aunque son inalienables de las personas, hay que entenderlo en su debida dimensión, cuando decimos que son devueltos (...) es porque se restituirán derechos que fueron secuestrados por el Gobierno".

La Alianza Cívica anunció los acuerdos en materia de derechos y garantías ciudadanas, la noche del viernes en el Incae. Jorge Ortega/END

"Algunos de los compromisos se irán cumpliendo inmediatamente; como el hecho de ondear la bandera, en lo que insistimos mucho, hay otros derechos como el de la propiedad, devolución de propiedades; no solo rurales, sino edificios de medios de comunicación, obviamente, esto tendrá que ser implementado a través de los órganos y protocolos correspondientes a los que se hace referencia", agregó.

TEMA ELECTORAL, PENDIENTE

Chamorro recordó que el tema electoral aún no se ha tratado en el diálogo y hasta ese momento se designarán garantes.

“Lo que hay ahora es la designación oficial del señor Cristóbal Fernández (de la OEA), que está en este momento coordinando el trabajo, una vez que se llegue al acuerdo, si es que se llega, ahí es donde se nombrara al garante en el tema electoral", explicó Chamorro.

Por su parte, Mario Arana, representante de la Alianza Cívica, sostuvo que "es importante aclarar que falta todo el tema de justicia y democracia (…), en esta mesa lo que estamos tratando de hacer es contribuir a sacar el país de la crisis y eso nos involucra a todos. En la medida que nos apropiamos de estos compromisos esto va a valer y va ayudar a Nicaragua a salir de su crisis. Entonces no se vale que haya ninguno incumpliendo, porque cualquiera que lo haga hará que esto fracase para el país”.

Marcha por la libertad de expresión en 2018. Orlando Valenzuela/END

Sin embargo, Arana sostiene que "en las negociaciones tenemos líneas rojas, porque hay cosas que no estamos dispuestos a aceptar, así que vale la pena que estamos claros de que ambas partes tienen que encontrar un equilibrio para que esto al final nos lleve a buen puerto, claramente, si nosotros no creemos que esto va en el mejor interés de los nicaragüenses no vamos a poder cerrar el acuerdo".

"Creemos que existe la voluntad de llegar a acuerdos, pero también no hay que olvidar y estar claros que esto es solo una primera etapa y que viene una más compleja, más tequiosa, más larga, que es la implementación y que en el cumpliendo es donde se va a poner a prueba si ha habido voluntad en la práctica", concluyó.