•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Web

El gobierno se comprometió con la Alianza Cívica a la “liberación definitiva” de los manifestantes capturados durante la crisis en Nicaragua, en un proceso que seguirá de cerca la Cruz Roja Internacional, institución que se encargará de facilitar el proceso y de conciliar las listas de detenidos.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas”, dice el principal objetivo de uno de los acuerdos firmados el viernes.

El plazo para culminar el proceso es de 90 días, a partir del 20 de marzo.

Este viernes se firmaron dos acuerdos en la mesa de diálogo y se emitió el décimo comunicado de las negociaciones, que son hasta hoy los más importantes en todo este proceso, que comenzó el 27 de febrero.

El Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y Luis Angel Rosadilla, enviado especial de la OEA, son garantes internacionales de los compromisos, dijo la Alianza Cívica.

Mientras, la Cruz Roja Internacional aceptó participar para “facilitar el proceso de liberación” de los manifestantes.

En general, el gobierno y la Alianza Cívica acordaron que el objetivo es liberar a los manifestantes, cancelando todos los procesos contra ellos, así como todas las causas abiertas y las acusaciones contra las personas ausentes.

Las listas de presos políticos serán conciliadas por la Cruz Roja, según el acuerdo. Archivo/END

“Para tal fin se suscribirá un protocolo de garantías de seguridad de los liberados que definirán las autoridades encargadas de su seguimiento y los organismos que les apoyarán en ese objetivo. En caso de necesidad, las partes, de común acuerdo, solicitarán el apoyo nacional e internacional que se requiera”, dijo la Alianza Cívica en un comunicado.

Es importante destacar que las partes responsabilizan al Estado, sus poderes y demás instituciones como los encargados de hacer cumplir los compromisos.

La Cruz Roja Internacional estará facultada, en caso de peticiones individuales o familiares, para hacer seguimiento de casos que puedan surgir tras las liberaciones, de ser necesario, y podrán dar recomendaciones "a las autoridades competentes de manera confidencial".

Los exiliados

Las partes también se comprometieron a que todos los nicaragüenses en el exterior, incluidos los que abandonaron Nicaragua tras el estallido de la crisis, podrán retornar “con plenas garantías y seguridad personal y familiar”.

“Recomendamos a las autoridades competentes procedan a la tramitación de exhibición personal, del habeas corpus, y amparo, cuyas resoluciones son de ineludible cumplimiento”, destaca el punto 11 en uno de los acuerdos.

En el llamado “Acuerdo para la facilitación del proceso de facilitación de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito”, el gobierno y la Alianza Cívica adquirieron 18 compromisos.

Entre lo resuelto se incluye que las reuniones pacíficas no requieren de permiso previo, aunque hacen la salvedad de que no deben interrumpir la libre movilización y tranquilidad.

Además, se garantiza el derecho a la manifestación, concentración y movilización pública, en respeto a la Constitución  y con la autorización de la Policía Nacional.

Este año la Policía Nacional no ha autorizado marchas, algo que ha sido criticado local e internacionalmente.

Durante la crisis han operado civiles armados disparando contra manifestantes. Oscar Sánchez/ENDUn punto clave es que “se reconoce el derecho irrestricto” al uso de la Bandera Nacional, un tema que ha causado polémica, pues muchas personas denunciaron su detención solo por llevar la Bandera Nacional.

Los civiles armados

Por otro lado, las partes instan a la Policía a desarmar a los civiles, registrar y marcar junto con el Ejército todas las armas en circulación; y actuar en correspondencia con la Constitución y los convenios internacionales.

En este aspecto, recuerdan que el decomiso o intervención de dispositivos electrónicos solo puede hacerse con órdenes judiciales.

El compromiso adquirido el viernes implica que no habrá detenciones ilegales, las personas no pasarán más de 48 horas arrestadas sin causa oficial y los allanamientos se harán entre la 6 am y la 6 pm.

Durante la crisis, organismos defensores de los derechos humanos denunciaron que la Policía ejecutó arrestos sin órdenes judiciales y allanamientos ilegales.

Los convenios firmados

Los documentos firmados este viernes son el “Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas” y el “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito”.

El universitario Max Jerez al leer los acuerdos. Jorge Ortega/ENDJosé Adán Aguerri, representante de los opositores en el diálogo, explicó que "con la confirmación de la Cruz Roja Internacional que nos ha hecho llegar hoy (viernes) oficialmente, lo primero que va a pasar es que mañana (sábado) vamos a estar entregando tanto la lista de la Alianza Cívica como la del Gobierno, las cuales tendrán que ser conciliadas” por el organismo internacional.

La Alianza presenta la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también los casos que han sido registrados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó Aguerri.

“Las listas de ambas partes serán entregadas de manera electrónica y ahora tendríamos que esperar, porque ellos (CICR) tendrán que conciliarlas y se han comprometido a hacerlo a la brevedad posible, pero ahí no podremos hablar del período que podrá tomar esa tarea, sabemos que encontrarán nombres en común; (lo cual) es un proceso más fácil, pero habrá casos de nombres que no estén en alguna de las listas y eso va a significar otro proceso", sostuvo.

"Nosotros hemos estado reuniéndonos con los familiares de los presos para explicarles la importancia de estos procesos y esperamos que al  final de la próxima semana tengamos esas listas conciliadas y que podamos empezar a ver estos procesos de manera profesional, organizada y con respaldo", precisó Aguerri.

Juan Sebastián Chamorro, también representante de la Alianza Cívica, agregó que "después de la conciliación de las listas lo que procederá es una programación de la salida de los presos, atender los llamados que puedan hacer los familiares respecto a la situación de sus familiares detenidos, visitas en casos de emergencia, visitas regulares, asegurarse que las condiciones sean las apropiadas y todo esto que estamos hablando, lo dice el articulado (del acuerdo), sin detrimento de las excarcelaciones que puedan producirse; es decir, no solo se contempla que se dé el acompañamiento de la Cruz Roja, sino que también se puedan dar excarcelaciones de manera unilateral de parte del Gobierno".

Por otra parte, "las personas liberadas no van a cometer actos terroristas porque no son terroristas, prueba contundente de esto es que han sido liberados unos 150 y no han cometido ningún acto terrorista en las semanas que tiene de libertad, entonces estamos seguros que las más de 802 personas que fueron encarceladas o casa por cárcel no van a actuar de esta manera", indicó Chamorro.

El tema electoral

En la sesión del diálogo el viernes, quedó pendiente avanzar en el tema electoral. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos confirmó su disposición y aceptación de retomar las labores relacionadas con el Proyecto de Reformas y Fortalecimiento al Proceso Electoral.

La OEA “ha designado al señor Cristóbal Fernández, Jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral  del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), como Coordinador de los trabajos en materia electoral”, precisó la Alianza Cívica.