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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y dos organizaciones más entregarán a la ONU las recomendaciones para el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, en el que el Consejo de la Organización de Naciones Unidas analizará el tema de la libertad de prensa en Nicaragua.

En el evento, que se realizará el próximo 15 de mayo en Ginebra, Suiza, también participarán los Estados miembros del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas (IFEX-ALC) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC). 

Las tres organizaciones presentarán sus recomendaciones sobre la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, los ataques contra periodistas y un clima de impunidad, censura indirecta y la criminalización de la expresión y reunión. 

Las tres organizaciones defensoras de la libertad de expresión tienen previstas reuniones con los funcionarios de los Estados miembros de la ONU, “para garantizar que las preocupaciones de libertad de expresión informadas por periodistas y activistas nicaragüenses se reflejen en este diálogo”. 

El deterioro del derecho a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua ha sido reflejado, con mayor claridad, desde abril de 2018. Los registros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro han revelado que hubo 712 agresiones contra la libertad de prensa en 2018.

Clima de impunidad

Es por ello que las organizaciones harán hincapié, en sus recomendaciones, en el tema de “ataques contra periodistas y clima de impunidad”. 

Los defensores de libertad de expresión recomendarán que debe “cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el Gobierno, así como a través de otras fuerzas que actúan para difamar, insultar o revelar información privada de los periodistas independientes y activistas opositores en las redes sociales o bloqueando por medios técnicos el acceso a los medios de comunicación”.

Además, instarán a que se hagan “investigaciones exhaustivas” sobre los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, resaltando el caso del periodista Ángel Gahona, quien fue asesinado mientras realizaba transmisión en vivo de las protestas sociales, el 21 de abril de 2018, “para evitar un estado de impunidad que lleva a más violencia”.

El conjunto de organizaciones también expone la necesidad de que sean adoptadas medidas que garanticen la “integridad física y sicológica de todos los profesionales de los medios de comunicación a través de la implementación de protocolos de protección”. 

Asimismo, recomendarán al Estado de Nicaragua “respetar y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, activistas, periodistas y sus familiares que fueron atacados y amenazados”. 

"Nuestras recomendaciones se basan en los testimonios de periodistas y activistas en Nicaragua y apuntan a fortalecer la libertad de expresión en ese país. Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente Daniel Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales", afirmó Mariela Balbi, presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC, el cual es una red de organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión en 15 países de América Latina y el Caribe.

Cenidh llevará situación de presos

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, informó que como organización defensora de derechos humanos están en Ginebra, Suiza, para participar de las apreciaciones que se realizarán el próximo 3 de abril, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua.

Los temas que expondrá el Cenidh, en conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos estarán enfocados en la situación de los manifestantes presos, derechos económicos y sociales y la situación de refugiados y migrantes”, detalló la presidenta del Cenidh, organización a la que en diciembre de 2018 le cancelaron su personería jurídica.

Núñez reveló que el próximo miércoles es fundamental, pues las organizaciones tienen la oportunidad de “exponer la situación de Nicaragua, hacer lobby e incidencia con todos los estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Gobierno no ha cumplido

En la etapa de apreciación, las organizaciones también expondrán sus valoraciones sobre el cumplimiento de las recomendaciones que el Estado de Nicaragua debió acoger, tras el EPU 2014.

“Nicaragua ha tenido las recomendaciones que les han hecho en los dos exámenes anteriores; del 2010 y 2014. En el segundo examen, del 2014, se le hicieron a Nicaragua unas 300 recomendaciones y únicamente cumplió dos”, reveló la presidenta del Cenidh.

Núñez señaló que como organizaciones defensoras de derechos humanos realizan una labor de “seguimiento permanente”, por lo cual conocen que “Nicaragua es un país que no ha respetado las mayorías de las recomendaciones que le han hecho, ni el primero, ni en el segundo examen”.

La defensora de derechos humanos destacó que lo único que el Gobierno de Nicaragua cumplió, de las 300 recomendaciones de 2014, fue “ratificar las convenciones que tuvieran que ver con las personas que sufrieron desapariciones forzadas, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema de la OEA, pero de ahí todo lo demás no lo ha cumplido y este es el récord que nosotros traemos”.

En la etapa de apreciación, según la explicación de Núñez, el Estado de Nicaragua también tiene la oportunidad de exponer sus valoraciones de cumplimiento, aunque considera que al igual que en los pasados encuentros, “el Gobierno se va a limitar a llevar sus discursos de falsos cumplimientos, los cuales no han estado reforzados con el informe que deberían de llevar, según los procedimientos”.