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Las conversaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Gobierno de Nicaragua se estancaron este lunes ante la negativa del Poder Ejecutivo de aceptar el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (Oacnudh) para convertirse en los garantes internacionales de los acuerdos relativos a los derechos y garantías de los ciudadanos nicaragüenses, expresaron representantes del grupo opositor.

El Gobierno propuso que la oficialista Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua (PDDH) sea la garante del acuerdo firmado el pasado viernes, relativo a los derechos y garantías ciudadanas, pero la Alianza no acepta esto.

“Dijeron (la delegación del Gobierno) que puede ser la Procuraduría de los Derechos Humanos del país, ellos tienen el derecho de proponer a quien les dé la gana, si ellos creen en la Procuraduría, está bien, pero nosotros no vamos a aceptar que no haya una garantía internacional”, dijo al respecto Mario Arana, del grupo de diálogo de la ACJD.

“La Procuraduría es considerada bastante sesgada del lado del Gobierno. De todas formas, eso no lo consideramos serio y seguimos insistiendo en la necesidad e importancia de nombrar a un garante internacional”, insistió Arana.

Estancado

Arana recalcó que este punto “estancó la negociación, pero hemos puesto sobre la mesa nuestra propuesta sobre justicia y democracia y les hemos sugerido que vean que pueden aceptar, discutir, negociar, pero no podemos tener al país en vilo y tomándonos todo el tiempo del mundo en soluciones, cuando todos sabemos qué es lo que hay que decidir”.

“Está estancado el diálogo. Nosotros estamos empujando por el nombramiento de los garantes internacionales y ellos (los delegados del Gobierno) diciendo que no. Hoy (ayer) no se avanzó en ningún tema. Estamos estancados en esa discusión”, señaló el jurista José Pallais, del equipo negociador de la Alianza Cívica.

Esperan reacción de la OEA

La Alianza entregó este lunes una carta al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw y al delegado de la OEA Luis Rosadilla, acompañantes y testigos de las negociaciones, en la que denuncian la violación del Gobierno al acuerdo sobre garantías y derechos ciudadanos.

“En la carta nosotros le solicitamos que ellos deben pronunciarse. Esperamos una respuesta de la OEA, una reacción”, dijo José Pallais.

Precisamente esto ocurre cuando la presidencia del Consejo Permanente de la OEA pasó a ser ocupada por el embajador de los Estados Unidos, Carlos Trujillo, quien no descartó seguir presionando para aplicarle al Gobierno de Nicaragua la Carta Democrática.

José Pallais. Efraín Díaz/END

“Pero el señor Luis Ángel Rosadilla (delegado por el secretario general de la OEA Luis Almagro como acompañante y testigo en las negociaciones) representa al secretario general y el Consejo Permanente es aparte, entonces hay que esperar que el secretario general informe al Consejo Permanente”, dijo al respecto Pallais.

“Lo importante no es quien ejerza la presidencia, lo importante es que los hechos en Nicaragua, la falta de avance, la falta de compromiso provoquen una reacción de la mayoría de los países y que se logre alcanzar los votos necesarios para tomar decisiones que lleven hacia la aplicación de la carta democrática”, comentó Pallais.

Por su parte, Mario Arana señaló que “difícilmente se van a poder quitar las sanciones (contra el Gobierno) si aquí no hay un acuerdo que sea integral y aceptable por el país”.

Para Azahalea Solís, integrante del equipo negociador de la Alianza, será “clave” la presión que pueda retomarse para el Gobierno de Nicaragua desde el Consejo Permanente de la OEA.

“Es importante que hubo un cambio en el Consejo Permanente de la OEA y en los 3 meses de la nueva presidencia seguramente va a haber algún tipo de presión de parte de la OEA, recordemos que el Consejo Permanente creó un Grupo de Trabajo especial para Nicaragua, seguramente va a haber algo de presión”, valoró Solís.

La “expectativa de la Alianza” para este martes “es que el Gobierno reconsidere su posición y cumpla con la designación de los garantes internacionales para los acuerdos de derechos y garantías ciudadanas y que eso logre restaurar la credibilidad en la mesa de negociación”, agregó, por su parte, José Pallais.

Temas pendientes

La Alianza presentó este lunes a la delegación gubernamental un documento para trabajar los temas pendientes en la agenda referidos a la justicia, reparación, no repetición, reformas electorales y adelanto de elecciones generales.

“Presentamos el documento para trabajar esos puntos en combo y hacerlo rápido, trabajar los temas pendientes de la agenda, siempre y cuando el Gobierno acepte nombrar a garantes internacionales y los invite al país, lo hacemos en consideración a que el 3 de abril vence el plazo para lograr un acuerdo”, dijo Pallais.

“El problema es que el Gobierno sigue cerrado con la designación del nombramiento de los garantes internacionales, que es la llave para pasar a los otros temas”, enfatizó.

Mario Arana. Archivo/END

Mario Arana dijo que la Alianza abogó por tener una Comisión de la Verdad para investigar todo lo sucedido en el marco de los sucesos de protestas desde abril del año pasado.

“El Gobierno planteó justicia y reparación y nosotros añadimos comisión de la verdad y no repetición. Reparación es poner la víctima al centro del problema, repararles el daño que han sufrido como familia, como personas, la no repetición se refiere a que se debe desmontar el aparato represivo que sabemos que existe en el país, que lo hemos visto operando inclusive el sábado pasado”, indicó Arana, pero “el tema neurálgico es el electoral, lo que se pide son elecciones anticipadas, este planteamiento está sobre la mesa, sin acuerdo alrededor de ese tema esta negociación no se va a cerrar”, recalcó.