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La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso por inconstitucionalidad que introdujeron el pasado 7 de febrero, varios diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en contra del presidente Daniel Ortega Saavedra, por haber publicado un decreto que reformó el reglamento general de la ley de seguridad social.

No obstante, la Corte aún no da respuesta a un recurso de amparo que introdujo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en contra del presidente Ortega, por haber ordenado la reforma al reglamento de la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que reduce las pensiones de los jubilados e incrementa los aportes de los trabajadores y las empresas.

El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto las reformas y vuelvan al estado original. Archivo/END

La notificación judicial firmada por German Aguilar, notificador oficial de la Corte, señala en su parte medular “admítase y téngase por personados a los ciudadanos arriba señalados (en referencia a los diputados liberales), concediéndoles la intervención de ley correspondiente”.

En su punto dos, la notificación judicial señala que “de conformidad al artículo 72 de la ley 983, Ley de Justicia Constitucional, solicítese al excelentísimo señor presidente José Daniel Ortega Saavedra y a Roberto José López Gómez, en representación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), así como a la Procuraduría General de la República…”

“Para que dentro del plazo de veinte días se apersonen ante este supremo tribunal y rindan informes y dictamen correspondiente, para lo cual notifíquese al presidente Daniel Ortega, a través del doctor Paul Oquist Kelly, secretario privado para políticas nacionales”, culmina la cédula judicial de la CSJ.

Blandón además destacó que las reformas afectan el bolsillo de los trabajadores. Archivo/END

Por su parte Jimmy Blandón, jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en la Asamblea Nacional, dijo a El Nuevo Diario que al admitir el recurso la CSJ, implica que se ha abierto un proceso en contra del presidente Daniel Ortega y el director del INNS.

“Un proceso dentro del Poder Judicial que puede derivar en una orden o sentencia de la Corte que deje sin efecto esta reforma, podría derivar o no, puede pasar o no, porque al final depende de ellos”, expresó el diputado Blandón.

El parlamentario agregó que “el objetivo es que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto las reformas y vuelvan al estado original. La Corte plena de la Corte tratará esto. Lo importante es que se apertura el proceso”.

Blandón además destacó que las reformas afectan el bolsillo de los trabajadores.

“Nosotros ya presentamos todos los medios se prueba para hacer ver la inconstitucionalidad de la reforma. Pero, vamos a esperar el informe del presidente Ortega y del INSS. En el caso de que no contestaran, se daría por hecho de que nosotros tenemos la razón y en consecuencia la reforma tendría que echarse para atrás”, considera Blandón.